Edición testing
8 de abril de 2020, 11:09:35
Nacional

Constitución


El Gobierno interpone más de 25 recursos ante el Constitucional en el último año

Mariano Rajoy ha apelado al Constitucional para recurrir leyes autonómicas de diferente calado.

Por Ander Cortázar

El Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho del recurso ante el Constitucional una estrategia política en la que casi siempre resulta vencedor. Desde enero de 2017 a enero de 2018, el Ejecutivo ha interpuesto más de 25 recursos ante el Tribunal Constitucional contra leyes autonómicas de diferente calado: pobreza energética, vivienda, cobertura sanitaria, toros y, por supuesto, Cataluña.


El primer recurso de inconstitucionalidad presentado en 2017 fue contra el artículo 83 de la Ley del País Vasco 1/2016, de 7 de abril, de atención integral de adicciones y drogodependencias. Euskadi quería gestionar y regular los clubes de cannabis mientras que el Ejecutivo reclamaba su competencia.

El mismo Consejo de Ministros que aprobó este recurso dio ‘luz verde’ para iniciar un conflicto de atribuciones con el Parlamento. El Gobierno aprobó recurrir al Tribunal Constitucional la admisión a trámite por la mesa del congreso de dos proposiciones de ley sobre las que el gobierno había expresado su disconformidad.

Ejecutivo intentó asegurarse de esta manera, ya que en el Congreso está en minoría, la prohibición de leyes/normas que, considera, pueden afectar al presupuesto del Estado. Estos dos recursos al Constitucional eran sobre el calendario de implantación de la LOMCE y las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados

En febrero fueron dos recursos los que llevó el Gobierno ante el TC. Uno contra la denominada ley ‘antiBarberá’ de la Comunidad Valenciana (permite revocar la designación de senadores autonómicos) y otro solicitando amparo contra la sentencia del Supremo que sentenció que el Ejecutivo debía indemnizar con 500 millones de euros a las principales eléctricas por hacer costeado el bono social de la luz.

En marzo llegó el primer recurso de muchos contra la Generalitat de Cataluña. El Gobierno recurrió ante el Constitucional varios artículos y disposiciones de la Ley de Presupuestos para 2017 de Cataluña con el objetivo de impedir el envío de dinero público a partidas dedicadas al proceso independentista. En ese mismo mes, el Ejecutivo puso un recurso contra la ley de Salud de Aragón y contra la convocatoria de 1.483 plazas para la Administración aragonesa.

Abril dejó dos recursos de inconstitucionalidad contra dos leyes autonómicas. La primera, el Gobierno recurrió la Ley contra la exclusión social de Extremadura que preveía otorgar asistencia sanitaria pública a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España. La segunda, contra la reforma de la Ley de Vivienda de la Región de Murcia que preveía combatir los desahucios garantizando el acceso a suministros básicos.

El Gobierno volvió a recurrir al Constitucional para invalidar determinados artículos del Libro VI del Código Civil de Cataluña, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en febrero de 2017. Además de esta medida, el Ejecutivo aprovechó el mes de mayo para interponer un recurso contra la denominada ley de víctimas de abusos policiales del País Vasco.

Esa ley trataba de hallar reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999.

En junio, PP y Ciudadanos se presentaron ante el Constitucional para recurrir la Ley de Presupuestos del Parlament de Cataluña por la inclusión de partidas destinadas a la celebración del referéndum.

Llegó verano, y con él otros dos recursos: el primero contra la jornada reducida de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Junta de Andalucía. El segundo, contra la reforma del reglamento del Parlament, que a partir de ahora admitía aprobar leyes en lectura única (exprés).

Septiembre fue el mes del año con más visitas del Gobierno al Tribunal Constitucional, y todas por el mismo motivo, Cataluña. El Ejecutivo presentó recursos contra la Ley de Transitoriedad Jurídica, contra la ley del referéndum, la ley del código tributario y contra la Ley de la Agencia de Protección Social de Cataluña. Además, el Ejecutivo recurrió al Constitucional siete artículos de la Ley catalana de protección del derecho a la vivienda.

Octubre siguió por el mismo camino. El Gobierno recurrió el pleno del Parlament en el que se dio por aprobado el inicio de un proceso que finalizaría en la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Un mes después, Mariano Rajoy volvió a frecuentar asiduamente (metáfora) la sala del Tribunal Constitucional. El Gobierno presentó varios recursos de inconstitucionalidad contra varias leyes autonómicas.

Contra la ley valenciana que luchaba contra la pobreza energética y los desahucios, contra la ley extremeña sobre expropiación del uso de viviendas, contra la normativa del Gobierno Balear por la que prohíbe los toros en la comunidad, y contra tres leyes catalanas sobre consumidores y usuarios, comercio, servicios y ferias y servicios de transporte.

En diciembre el trasiego fue menor, ‘apenas’ dos recursos de inconstitucionalidad. Esta vez, contra nuevos impuestos que había creado la Generalitat de Cataluña (viviendas vacías, bebidas azucaradas…) y contra la ley ‘anti-fracking’ de Castilla-La Mancha.

El último recurso interpuesto por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional ha sido el dedicado a impedir la investidura de Carles Puigdemont.

EL BOLETIN.  Todos los derechos reservados.  ®2020   |  www.elboletin.com