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18 de agosto de 2019, 19:59:53
Opinión

Tribuna Especial 26 Aniversario


Contra la indiferencia

Ha transcurrido una década desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, ley que por desgracia está allí donde hibernan todas las cuestiones que son aceite para el agua en que se moja el PP.

Por Gaspar Llamazares

Cuarenta años después del inicio de una compleja y convulsa transición democrática, más allá de relatos interesados que alaban o calumnian, y ochenta años después del final de una guerra incivil que dio paso a una de las represiones más feroces de la reciente historia europea, es tiempo de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas republicanas y antifranquistas. Es tiempo de que un relato compartido, encaminado a rescatar y hacer honor a la memoria, abandere cualquier otra versión injusta. Es también la única forma de que las garantías de no repetición sean tales.


Ha transcurrido una década desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, ley que por desgracia está allí donde hibernan todas las cuestiones que son aceite para el agua en que se moja el Partido Popular. La Memoria, como tantas otras cosas, no se mezcla con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. No se mezcla porque le incomoda. En 2013 se recortó el presupuesto destinado a subvenciones para que las organizaciones memorialistas localizaran fosas y exhumaran sus restos. Un año después se suprimió todo tipo de ayuda económica, se clausuró la oficina de víctimas y se difuminó, desde las instituciones estatales y en aquellas comunidades y municipios donde el PP gobierna, cualquier impulso para la retirada de símbolos, catálogos, archivos, educación e investigación.

Lo cierto es que todo este tiempo también ha venido a evidenciar cuáles son las debilidades y las resistencias a la Ley de Memoria en temas fundamentales como la ilegitimidad frente a la nulidad de los juicios franquistas, la responsabilidad privada frente a la pública de las exhumaciones o la ley como hecho nuevo frente a la interpretación de la Ley de Amnistía como amnesia e impunidad. Debilidades que se convirtieron en escándalo nacional e internacional con el juicio de honor al ex juez Baltasar Garzón y la jurisprudencia creada a partir de entonces por el Tribunal Supremo, que utilizó y consagró la elusión de responsabilidad pública y judicial.

A pesar de las dificultades manifiestas, quienes no han cesado en su tesón y resistencia son las organizaciones civiles por la memoria, las de familiares de los represaliados y los organismos internacionales como Naciones Unidas, el Consejo Europeo, o Amnistía Internacional. La labor de impulso a los poderes públicos desde lo civil es tanto o más importante que las acciones políticas.

En este sentido, imprescindible es la actividad que viene realizando en los últimos años la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que integra a víctimas, asociaciones de memoria histórica, juristas y defensores de derechos humanos en la exigencia de crear una Comisión de la Verdad en España como un conjunto de mecanismos y órganos oficiales sin carácter judicial que garantice el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los crímenes del franquismo. Su trabajo, en la línea de las recomendaciones de la ONU, se complementa con el de la Fundación Baltasar Garzón (Fibgar).

A todo ello se suma el empeño de algunas administraciones locales y autonómicas gracias a las cuales se puede decir que la Ley de Memoria y la justicia transicional en España no han muerto. En Asturias, por ejemplo, que fuera pionera en la creación del mapa de fosas, se ha puesto en marcha en fechas recientes la comisión técnica y se han convocado ayudas a la investigación. Para las organizaciones memorialistas, IU ha presentado un proyecto de ley que ha sido respaldado por una gran mayoría de la Junta General del Principado. Se trata de una ley que pretende un impulso a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Eleva el rango de las políticas de memoria, integra y amplía las medidas ya en marcha e incorpora aspectos garantistas como el protocolo de intervención, aspectos pedagógicos en materia de enseñanza y la puesta en marcha del Instituto y el Consejo de Entidades Sociales de la Memoria.

Por otro lado, también recientemente en el Congreso de los Diputados, IU ha emplazado al Gobierno a que cumpla y desarrolle la llamada Ley de Memoria. Como demostración de que no debe pasarse una página que no ha sido siquiera leída, ha vuelto el debate de algo tan básico como la apología de la dictadura en el Valle de los Caídos o por parte de la fundación Francisco Franco. La iniciativa, respaldada por la gran mayoría del Parlamento, no solo instaba a la retirada de símbolos aún pendientes en varios centenares de municipios españoles, sino que también resaltaba el anacronismo del mausoleo y la mencionada fundación con apoyo y dinero público. Y ampliaba su contenido a la necesidad pendiente de la nulidad de los juicios franquistas, la adaptación de la Ley de Amnistía para que no sirva de argumento a la impunidad y el desarrollo de la responsabilidad del Estado en las exhumaciones. Cuestiones todas ellas que vienen siendo reiteradamente exigidas por los organismos internacionales de Derechos Humanos y que después de casi cuarenta años aún siguen pendientes.

Quienes estamos promoviendo Actúa entendemos que la cuestión de la Memoria Histórica debe ser un objetivo prioritario de cualquier gobierno. Cuando hacíamos aquel llamamiento en junio a desbancar al PP de la Moncloa con un acuerdo de mínimos entre todos los partidos con representación parlamentaria, la incluíamos como punto fundamental de nuestra propuesta: “Construcción desde el Estado y junto a la sociedad de una Memoria Colectiva que haga honor a la Verdad, Justicia y Reparación de los crímenes cometidos durante la guerra civil y la larga dictadura franquista. Asimismo, hay que establecer los mecanismos de garantía de no repetición. Además, la retirada de los símbolos franquistas y de enaltecimiento a la dictadura”.

Saramago señaló que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica “porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia”. Por su parte, Gramsci afirmó que la indiferencia “es el peso muerto de la historia”. Las personas vivas que aún transmiten testimonios directos de los crímenes que se cometieron contra sus familiares son cada vez más escasas y, aunque sus descendientes sin duda se encargarán de mantener la lucha por la memoria, es necesario que el gobierno de este país evite que de un olvido forzado y mantenido a lo largo de los años acabemos en una indiferencia colectiva basada en una mentira (o ausencia de verdad). Y esa indiferencia sería un peso muerto demasiado grande para avanzar en democracia.

Gaspar Llamazares, promotor de Actúa y portavoz de Izquierda Abierta.

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