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17 de julio de 2019, 10:39:51
Nacional

Cataluña


¿Están de verdad prohibidos los partidos independentistas en Alemania y Francia como dice el PP?

Portugal es el único país de la UE que prohíbe la existencia de partidos regionales.

Por Ander Cortázar

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, lleva unos días insistiendo sobre una reflexión que ha realizado acerca de los partidos independentistas. El joven político cree que habría que plantearse la posibilidad de “limitar” en España los proyectos “rupturistas” con el Estado y las comunidades autónomas. Es decir, estudiar la ilegalización de los partidos independentistas.


Su postura, compartida por un sector del PP, entre ellos Xavier García Albiol, líder del PP catalán, la asienta sobre la realidad de otros países. Casado asegura que las constituciones de Alemania, Francia y Portugal, por ejemplo, no permiten la existencia de partidos que vayan contra la unidad territorial.

Una aseveración que no es del todo cierta, salvo en el caso de Portugal, único país de la UE que prohíbe la concurrencia de partidos regionales – todos deben ser de ámbito nacional – y/o que vayan contra la unidad del Estado (art. 10/2 de la constitución portuguesa).

Casado recoge la realidad constitucional de Alemania y Francia para tratar de legitimar su postura favorable a la ilegalización de los partidos independentistas. Dos países donde, en la actualidad, concurren varios partidos con aspiraciones independentistas, si bien ninguno de ellos ha realizado jamás acciones tan directas hacia la independencia como Junts pel Si (ERC y PDECAT) y, por tanto, no han requerido la intervención de la Justicia. El Partido de Baviera, el Corsica Libera o el Partido Bretón, son algunos de ellos.

La constitución alemana asegura (art.21/2) que los partidos cuyos fines sean “poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales”. No obstante, el Partido de Baviera lleva décadas existiendo sin que ningún tribunal haya solicitado su ilegalización. Su programa político sigue aspirando una "independencia" de la región. La constitución francesa, en cambio, lo más censor que pronuncia (art.4) es que los partidos “constituirán y ejercerán su actividad libremente dentro del respeto a los principios de la soberanía nacional y de la democracia”.

Una de las últimas ilegalizaciones (Iparretarrak, País Vasco francés) que llevó a cabo el Ejecutivo francés fue en 1987, y amparándose en una figura legal que ya no existe, la de perseguir “organizaciones que subviertan el orden público”. Corsica Libera, a pesar de priorizar el autonomismo, también sigue aspirando a una independencia, como aseguró su secretario general el pasado verano.

La realidad independentista en Europa

Pablo Casado ha empleado esas constituciones porque más allá de ellas no hay donde encontrar ejemplos que legitimen el discurso. Europa es un continente con decenas de países y partidos independentistas en casi cada uno de ellos, con las excepciones de Grecia, Eslovenia, Portugal, Bulgaria y los pequeños como Luxemburgo o Malta.

En Italia existen partidos independentistas y nacionalistas a lo largo y ancho del territorio. Los casos más simbólicos, Partido Nacional del Vèneto, y los sardos de Cerdeña.

La realidad independentista de Reino Unido (Gales, Escocia y en menor medida Irlanda del Norte) es tan legal como lo es en Bélgica, donde el partido flamenco NVA fue el más votado en las últimas elecciones de 2014, y en Holanda, con el Partido Nacionalista Frisón (Frisia, una región de medio millón de habitantes) gobernando alguna localidad.

Los partidos independentistas los ampara la libertad de expresión y asociación política presentes en las cartas constitucionales de la mayoría de países europeos. De hecho, en Estados como Dinamarca (Partido Inuit de Groenlandia) se recoge el derecho a la autodeterminación.

Otros países como Hungría (Partido de la Minoría Húngara), Rumanía (Unión Democrática Magiar) y Bosnia (Republica Srpska) recogen en su sistema de partidos formaciones que de una manera u otra apelan a un cambio en la estructura territorial del Estado.

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