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24 de octubre de 2019, 4:28:37
Internacional

CETA


El CETA o cómo comenzar a ceder

Según Juncker, el tratado es el primer paso de una ineludible carrera para liderar la globalización. Para los críticos, una avanzadilla de la Europa de los negocios más salvaje.

Por Violeta Muñoz

El tratado de libre comercio con Canadá (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) entró ayer en vigor provisional. Aún no ha sido ratificado en todas las cámaras parlamentarias europeas pero sólo deja sin aplicar el sistema de resolución de conflictos inversor-Estado, el polémico mecanismo de arbitraje al margen de los tribunales nacionales.


Las 1.600 páginas del acuerdo negociado durante siete años acaban con el 98% de las barreras comerciales entre la UE y Canadá, impulsan la participación de empresas de ambos lados del Atlántico en concursos públicos del otro socio y regulan el acceso mutuo a los mercados de bienes y servicios. “De hecho, Canadá ha abierto más su contratación pública a las empresas de la UE que a cualquier otro de sus socios comerciales”, destaca la Comisión Europea en una abrumadora lista de supuestos méritos indiscutibles del CETA.

Del lado de las garantías, la Comisión Juncker no se cansa de recordar que el acuerdo vela para que las administraciones públicas puedan legislar sin coacciones, que los servicios públicos continuén siéndolo y que “los ciudadanos y el medio ambiente estén en el centro” de un acuerdo que “ayudará a la UE a configurar las reglas comerciales básicas” a escala planetaria.

No en vano el Ejecutivo europeo lo considera el tratado comercial más “progresista” firmado hasta el momento por los 28, pronto 27. “Engloba lo que queremos que sea nuestra política comercial: un instrumento para el crecimiento pero también para proteger nuestros valores, controlar mejor la globalización y dar forma a las normas comerciales globales”, ha defendido el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker.

La comisaria europea de Comercio también jaleado una intensa campaña para acallar la fuerte contestación que este acuerdo y otros como el TTIP han generado entre cientos de asociaciones civiles y ONGs, asentando un pésimo cliché de la Europa actual en el imaginario de buena parte de sus ciudadanos. “Subraya nuestro fuerte compromiso con el desarrollo sostenible y protege la capacidad de nuestros gobiernos para regular por el interés público”, defendía recientemente Cecilia Malmström.

El afán de la cúspide política europea por tumbar las críticas más frecuentes de los detractores del CETA, sobre todo en lo referente a la falta de transparencia y el sistema de arbitraje, ha sido parcialmente un fracaso, toda vez que para algunos partidos de centro-izquierda europeos ha comenzado a ser un problema defender abiertamente los tratados de libre comercio, tanto en la UE como en ‘casa’.

“Se intenta que no se convierta en un debate electoral porque podría suponer un gran coste”, explica Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción y portavoz de la plataforma en rechazo al TTIP y CETA. Recuerda que un reciente sondeo sobre las elecciones alemanas de este domingo muestra que “casi todos los grandes partidos son muy cautos sobre no defender ciegamente los tratados: en su lugar hablan de proteger los productos y economías locales” expone. "También Emmanuel Macron (presidente francés) se vio obligado a prometer un programa de consumo europeo una semana antes de las elecciones”.

Para los activistas de la campaña No al TTIP (Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión) y CETA los riesgos de éste último son evidentes: creen que no se tomarán medidas para impedir las deslocalizaciones ni la violación de derechos laborales vigentes, que pondrá en riesgo los compromisos contra el cambio climático y que brillan por su ausencia las normas de obligado cumplimiento para la protección de la salud. “Dará más derechos a los bancos y especuladores, debilitará el principio de precaución dejando el campo libre a farmacéuticas y empresas químicas y facilitará la privatización de los servicios públicos”, critican más de 300 organizaciones agrupadas en esta plataforma y la coalición europea "Stop TTIP"..

Una nueva Europa de los negocios

Pero ante la dificultad de escapar a la polarización de opiniones y discernir entre tanta consigna, hay quien prefiere abrir el foco para recordar que el CETA es solo el primero de los múltiples tratados que la Comisión Juncker planea sacar adelante con socios como Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos o Australia, dentro de una estrategia aún más general en el impulso de una nueva Europa de los negocios.

“El CETA sienta una serie de dinámicas comerciales, es una forma de entender el comercio que se aleja mucho de generar y distribuir recursos para crear sociedades más justas y equitativas. Lo que hace en cambio es instalar una serie de normas que, lejos de fijar la globalización, centran más recursos en los focos de poder financieros, en las grandes multinacionales en general”, expone Ekaitz Cancela, periodista y autor de “El TTIP y sus efectos colaterales”.

Sobre el caso concreto del CETA, destaca la existencia de “derechos muy explícitos en la protección de inversores”, pero sin “ningún tipo de obligación vinculante para las empresas”. Y recurre también al presidente francés: “La comisión de Macron para para evaluar el impacto climático del CETA no encuentra en el texto ninguna certeza de que se vaya a respetar el principio de precaución europeo. Así que sí, va a ser desfavorable para el clima, porque no hay ninguna obligación específica para que las empresas tengan que respetar aspectos climáticos, de salud pública, seguridad alimentaria, etc”.

Pero más allá las ventajas e inconvenientes de cada uno de los marcos comerciales que la UE ya negocia con el Mercosur, México o Japón, el analista insiste en examinar la apuesta global de la Comisión Juncker para ahondar en la línea liberal iniciada hace décadas: “La Unión Europea no es otra cosa que un lugar para hacer negocios, pero eso está muy lejos de ninguna interpretación del comercio justa o democrática”.

La diferencia para ambos críticos entre el libre comercio europeo actual y el de los años 80 es la vuelta de tuerca impresa en los nuevos tratados, que pasan de centrarse en las barreras arancelarias tradicionales para buscar la eliminación de diferencias reguladoras y políticas:“No es posible que defiendas que no harás cesiones”, explica Cancela, “porque las regulaciones canadienses van directamente en contra de las europeas, aunque nos hayan vendido una imagen progresista del país”.

Ceder competencias, ¿salvación o condena?

La diatriba sobre quién es soberano en una unión de países que quiso integrarse para decidir de forma conjunta choca con los nuevos marcos competenciales que conllevan estos “acuerdos de nueva generación” como el que ahora entra en vigor. Según las últimas informaciones sobre el afán de Juncker de hacer de la UE una superpotencia comercial indiscutible, su intención de cara a futuros acuerdos será ‘puentear’ a los parlamentos nacionales y recurrir a un sistema de protección de inversiones basado en un “tribunal multilateral”, que, no obstante, tardaría años en construirse.

Supone en cualquier caso tirar de la cesión de competencias que ya sustenta el origen fundacional de la UE pero para firmar concesiones mucho más ambiciosas: regulaciones, normas, políticas y, lo que es más significativo, la capacidad de revertirlas.

“El CETA incluye la aplicación provisional de un capítulo sobre servicios financieros, que permite al sector bancario la venta transfronteriza de servicios de inversión de alto riesgo. Si ahora un parlamento quiere prohibir las transacciones especulativas o simplemente ponerles una tasa, con este tratado sería mucho más difícil, porque los bancos tendrán más derechos sobre los reguladores en el sector”, ejemplifica Tom Kucharz.

El portavoz subraya que hay un enorme elenco de competencias y servicios que entrarían en el marco de los nuevos acuerdos y que “nos pasa desapercibido”: “No sólo sanidad y educación, que nos aseguran excluir, sino miles de empresas públicas, gestores públicos de agua, servicios de radiotelevisión públicos, limpieza, alumbrado”, enumera. “No pueden quedar en manos de la Comisión Europea tantas competencias y que rigen las políticas públicas nacionales o regionales no solo durante años sino décadas”, critica.

Tanto los argumentos críticos como el relato de la Comisión evidencian un concepto central: la cesión. Juncker pide un traspaso de poderes para dar el sí a armonizaciones regulatorias entre Europa y sistemas políticos de todo el mundo. Y ya ha logrado ejecutar un primer paso en esa dirección. Pero no deja de ser una zancada provisional, que no asegura la siguiente y sobre la arena movediza de los cambios sociales y políticos de cada socio nacional, con una opinión pública cada vez más recelosa sobre sus cesiones de poder.

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