Golpe de Estado anunciado

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat
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Los golpes de Estado, tan frecuentes antes en el Tercer Mundo, se fraguaban y ejecutaban en secreto. Hasta los militares más prepotentes e irrespetuosos contra el poder constituido en sus países mantenían la prudencia sobre su asalto a las leyes hasta el último momento. La Generalitat Catalana, en cambio, lo está preparando con detalles arrogantes, propaganda provocadora y a cara descubierta sin el más mínimo rubor ante la ilegalidad. Porque la declaración de independencia que anticipa es un acto de rebelión contra el Estado de Derecho, atentatorio contra el sistema democrático, despectivo ante la pluralidad de la sociedad y desafiante para quienes tienen la obligación de velar por la libertad y la seguridad de todos.

Semejante desprecio de la normalidad institucional y semejante propósito de saltarse la Ley a cara descubierta resulta inconcebible para quienes conozcan la limpieza con que se afrontan los problemas políticos en los países modernos y democráticos. El proceso catalán es un intento de una parte de los ciudadanos de hacerse con el control del poder por el medio que sea, partiendo del engaño, el enfrentamiento y el desprecio a quienes no piensan de la misma forma ni comparten los mismos intereses. No cabe duda que en Cataluña hay personas decentes con sentimientos secesionistas y hay que respetarlas, pero es inadmisible como muchas están siendo instrumentalizadas y el resto adoctrinadas desde el poder.

Claro que a poco que se profundice se descubre que no es idealismo todo lo que está detrás de las prisas por consumar una iniciativa que si algo puede aportarle a la sociedad catalana son problemas. Ventajas, para unos cuantos, sí; sin duda. No deja de ser revelador que en la argumentación conocida en las últimas horas sobre la declaración de independencia unilateral que se maneja se empiece por la constitución de un Estado propio de corte autoritario que decretaría el final de la división de poderes y, particularmente, la anulación de la independencia de los jueces y su sumisión al control de la Generalitat. Verde y con asas: el objetivo más apremiante enseguida se deduce que es poder ejercer el control de los juicios por corrupción que agobian a muchos promotores del secesionismo y enseguida aplicarles las amnistías procedentes.

El objetivo es un Estado que partiría sin controles de ningún tipo sobre el ejercicio de la autoridad, sin supervisión de la política monetaria ni del Tribunal Superior de Justicia Europeo. Mientras, el reto planteado al resto de España por la administración autonómica catalana, rehén a la hora de legislar y decidir sin reparar en normas y derechos de una minoría de vociferantes antisistema, está llegando a una situación extrema. Los promotores de la secesión escudan sus trapisondas en la defensa del derecho a convocar una consulta inconstitucional, ante la pasividad al menos aparente de quienes tienen que adoptar medidas para frenar sus pretensiones. Es evidente que una declaración unilateral de independencia en el marco de la Unión Europea carece de recorrido. Pero cuanto ponga freno a esta patraña, mejor.