Así lo han reclamado durante unas jornadas en el Congreso con las que se han celebrado los 40 años de la primera Ley General de Discapacidad que se aprobó en España y que es conocida bajo las siglas LISMI (Ley de Integración Social de los Minusválidos).
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha inaugurado esta celebración con un discurso en el que ha destacado el artículo 9.2 de la Carta Magna que establece, según ha destacado, la «obligación de los poderes públicos» a «remover los obstáculos» y las «dificultades» que evitan «la plenitud de la igualdad» de los ciudadanos españoles y los «grupos en los que se integran».
«De borrar barreras sabe mucho el movimiento por las personas con discapacidad», ha reconocido Batet, quien ha señalado que, aunque en 40 años se ha «avanzado mucho» y la LISMI fue «pionera» al «poner nombre a la discriminación» que sufre este colectivo, aún «queda tarea por hacer».
Una de ellas, según ha apuntado la presidenta de la Cámara baja, es «llevar a buen puerto» la reforma constitucional sobre este tema. Se trata, según ha señalado, de «una modificación puntal» del texto de la Carta Magna que, a su juicio, tendrá «un gran valor» porque «supone la actualización del compromiso constitucional con la igualdad».
SUMAR CONSENSO
«Espero que, entre todos, estemos a la altura de las justas reclamaciones y sumemos el consenso necesario para ellos», ha declarado.
También se ha referido a la necesidad de que las instituciones estén «a la altura» el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, encargado en este caso de clausurar el acto en sustitución de la ministra del ramo, Ione Belarra, que aunque estaba prevista su asistencia finalmente no ha podido acudir por agenda.
Tras disculpar su ausencia, Álvarez ha hablado de este cambio en la Constitución como el «primer reto» y «el más urgente» en cuanto a la mirada futura sobre las políticas relacionadas con discapacidad y ha señalado el compromiso del Ministerio y de todo el Gobierno con el hecho de que esta reforma «vea la luz cuando antes». A su juicio, «no ha motivos para esperar más».
«Es una demanda del conjunto de la sociedad y debería reflejar la voluntad del conjunto de las fuerzas políticas», ha señalado, antes de insistir en la necesidad de que estas «garanticen a la mayor brevedad» y con la mayor «celeridad posible» la reforma constitucional.
Durante el acto, también ha participado el director general de la Discapacidad, Jesús Martín, quien ha defendido el tratamiento político de la discapacidad «desde los derechos humanos» y de un concepto del colectivo en el que se acepte que la discapacidad «no define ni restringe» a las personas.
ALGO «INADMISIBLE» EN «LA ESPAÑA DE 2022»
En este sentido, ha celebrado que en «la España de 2022» no se pueda esterilizar a las personas con discapacidad sin su consentimiento o que se tenga en cuenta la opinión de estas en las tomas de decisiones. Sin embargo, ha lamentado que la Constitución todavía no haya sido revisada ni actualizada en este sentido.
«Es inadmisible que en la España de 2022 la ley suprema se refiera a parte de sus compatriotas como disminuidos», ha apuntado Martín, quien ha apuntado que este término es «ofensivo» e «hiriente» para el colectivo y sus familias.
Es por eso que ha llamado al consenso de las fuerzas políticas para modificar un texto que, según ha destacado, permitirá entender y asumir la discapacidad desde «un enfoque exigente centrado en los derechos» y sin los «paternalismos» que se registran en la actualidad.
Y, en este sentido, también se ha dirigido a los representantes de las Cortes para señalar que esta modificación no debe aceptar más enmiendas que aquellas que supongan su mejora.
Finalmente, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, que también ha participado en las jornadas, ha indicado que el cambio de la Carta Magna no es «un favor» a las personas con discapacidad que, tal y como ha señalado, suponen un 10% de la sociedad española, sino que es «un favor a todos los ciudadanos» del país.
A su juicio, una reforma con «amplio consenso» o la «adhesión mayoritaria» de las Cortes supondrían la creación de un país «mejor» y «favorecería enormemente la deuda y el déficit» que «el Estado» y «los poderes públicos» tienen con «la inclusión de las personas con discapacidad».
