La compañía anunció inesperadamente poco antes de las 18.00 horas del martes este movimiento corporativo a través de una breve presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las primeras reacciones llegaron al día siguiente por parte del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que durante su participación en unos ‘Desayunos Informativos’ de Europa Press pidió a Ferrovial aclarar su continuidad en España ante este cambio.
A Planas le siguieron el resto de ministros, que rechazaron de forma unánime esta decisión, mientras que la oposición cargó contra el Gobierno por no crear un clima óptimo para los negocios a través de subidas fiscales.
Sin embargo, ese día los inversores acogieron con agrado este noticia e impulsaron al alza la cotización de la empresa un 0,6%. Pese a que algunos minoritarios podrían oponerse y truncar la operación si el rechazo explícito supera el 2,57%, no se prevé una acción conjunta de estos para rechazar su traslado.
Fuentes de la asociación de accionistas minoritarios Aemec aseguraron a Europa Press no haber recibido ninguna petición en este sentido y declararon que es una operación legal y ajustada a la ley, por lo que no ven ningún inconveniente en que se lleve a cabo.
El miércoles por la tarde, la compañía dio su primera respuesta pública por medio de un vídeo de su consejero delegado, Ignacio Madridejos, pidiendo que «nadie dude» de la continuidad de la compañía en España, asegurando que seguirá contribuyendo fiscalmente en el país «como siempre ha hecho».
En la jornada siguiente, el jueves, los títulos de la empresa presidida por Rafael del Pino se volvieron a impulsar otro 1,17%. Ese día, la agencia de calificación Fitch descartó que esta decisión vaya a afectar significativamente en su rating crediticio, actualmente de ‘BBB’, más allá del impacto negativo que tendrá en la deuda las compensaciones a los accionistas que se opongan.
Los sindicatos también han calificado de «socialmente irresponsable» la conducta de la multinacional española y la han vinculado a «razones políticas», mientras que la patronal ha pedido respetar su decisión, reclamando «no demonizar» a las empresas españolas.
En la tarde del jueves, cuando el Gobierno ya había asegurado que analizará y estudiará todas las razones aportadas por la empresa para irse, Ferrovial publicó su ‘hoja de ruta’ para llevar a cabo la operación, en la que detallaba que algunos empleados se trasladarán a Países Bajos, aunque siempre de forma voluntaria.
Pese a todos los acontecimientos, ya este viernes las acciones de la compañía se han vuelto a impulsar otro 2,73%, hasta cotizar en 27,46 euros por título. Los analistas creen que la noticia no tendrá impacto alguno en su cotización, ya que no implica ningún cambio operativo, aunque esperan una revalorización en un futuro una vez comience aprovechar su mayor proyección y visibilidad internacional desde Estados Unidos.
El último movimiento ha llegado por parte de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que representa a las mayores empresas del sector en España, incluida Ferrovial, que ha advertido al Gobierno de que ejercerá cuantas acciones pudieran corresponderle en caso de un trato desigual o discriminatorio hacia la empresa.
Por otra parte, las grandes constructoras españolas que integran junto a Ferrovial el ranking de mayores empresas del sector –ACS, Acciona, Sacyr, y OHLA, a excepción de FCC– han señalado a Europa Press que no se han planteado el traslado de su sede social a otro país, y algunas de ellas afirman incluso que tampoco entra dentro de sus planes futuros.
