Así lo indicó durante su comparecencia en la Comisión del Congreso de los Diputados para el Seguimiento y Evaluación de los Pactos de Toledo para informar sobre el acuerdo sobre pensiones cerrado la semana pasada y aprobado ayer martes por el Consejo de Ministros.
Escrivá inició su intervención destacando el respaldo dado por la Comisión Europea a los planes del Gobierno para reformar el sistema de pensiones y la importancia de lograr consensos y acuerdos, para “que no ocurra como con la reforma de 2013”, que fue aprobada sin consenso con el resto de partidos ni agentes sociales por el PP haciendo uso de la mayoría absoluta de la que entonces gozaba.
POSITIVO
A continuación, el ministro criticó el pesimismo existente en torno a la sostenibilidad del sistema de pensiones, señalando que la propia reforma de 2013 “validaba el mensaje de que teníamos un problema gordísimo” y suponía un recorte en el largo plazo del poder adquisitivo de las pensiones, generando incertidumbre entre los ciudadanos.
Por ello, Escrivá aseguró que ese pesimismo “se da de bruces” contra los elementos acordados por el Pacto de Toledo y que serán los que se apliquen en las distintas fases de la reforma del sistema. En este sentido, resaltó que esta primera fase acordada con los agentes sociales aborda 12 de las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo y cumple también con varios hitos del componente de pensiones incluido en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
En concreto, los principales elementos de esta primera fase de la reforma de pensiones son el establecimiento de un mecanismo para la revalorización de las pensiones cada año en función del IPC, garantizando su poder adquisitivo; el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la legal; y la eliminación de gastos impropios de la Seguridad Social y separación de fuentes de financiación.
“Se han dado pasos para reducir la incertidumbre” subrayó el ministro, que declaró que “el problema de sostenibilidad del sistema de pensiones es manejable con los instrumentos adecuados” y recordó que el gasto en pensiones en porcentaje del PIB es menor en España que en otros países del entorno europeo con sistemas similares, como Grecia, Italia, Francia, Austria y Portugal.
Asimismo, explicó que el aumento del gasto en pensiones es temporal, ya que, a partir de 2040, empezará a reducirse el ritmo de altas de nuevos jubilados, que provocará un descenso del gasto a partir de 2050, por lo que consideró que existe “un punto de partida muy sólido” que el problema está “muy acotado”.
CONTENIDO
Sobre el contenido del primer acuerdo, Escrivá resaltó la importancia de ligar la revalorización de las pensiones al IPC para así eliminar cualquier incertidumbre entre los pensionistas sobre cuál será la evolución cada año de su pensión, evitando que esto quede a expensas de la decisión del gobierno de turno cada año.
En cuanto al acercamiento de la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación, el titular de Seguridad Social aseguró que la edad legal de jubilación en España resulta adecuada, por lo que no es necesario retrasarla, pero que la participación en el mercado laboral en España es mucho más baja que en los países del entorno europeo, especialmente a partir de los 65 años, por lo que se precisa un sistema de incentivos para acercar la edad efectiva a la edad ordinaria.
En este sentido, apuntó que una gran parte de las jubilaciones anticipadas se producen a los 63 años, por lo que el acuerdo alcanzado promueve la fijación de incentivos para que sea atractivo retrasar unos meses dicha jubilación.
Otro elemento para lograr dicho retraso en la edad efectiva de jubilación es limitar las jubilaciones forzosas, de forma que sólo será posible establecer cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa de trabajadores con una edad inferior a 68 años. Por encima de dicha edad, será posible sólo si la persona que se jubila tiene derecho al 100% de la pensión o si cada jubilación conlleva, simultáneamente, la contratación indefinida y a tiempo completo de una persona trabajadora. Además, ese límite de edad podrá rebajarse hasta la edad ordinaria en las actividades en las que el número de trabajadoras sea inferior al 20% y siempre que se verifiquen las condiciones señaladas para los mayores de 68 años, con la particularidad de que la persona contratada sea mujer.
En cuanto a la separación de fuentes de financiación, Escrivá destacó que cerca de 14.000 millones de gastos no contributivos de la Seguridad Social ya fueron incorporados a través de los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
FUTURO ACUERDOS
En cuanto a los próximos acuerdos a alcanzar dentro de la reforma de pensiones, el ministro indicó que una negociación en marcha es el del sistema de cotización de los trabajadores autónomos según sus ingresos reales, con el que, resaltó, “tres de cada cinco autónomos declaran ingresos inferiores a la Base Mínima de Cotización y, por tanto, se beneficiarán con el nuevo sistema”. “Estamos discutiendo con los autónomos un modelo que va a ser muy flexible y va a generar mucha equidad y se van a beneficiar más del sistema de pensiones de lo que lo hacen hasta el momento”, afirmó, para acto seguido indicar que la previsión es su implantación gradual en 2022 para que sea totalmente efectiva en 2023.
Otro elemento a reformar será la sustitución del factor de sostenibilidad por otros indicadores de equidad intergeneracional. A este respecto, Escrivá aseguró que el factor de sostenibilidad “estaba mal planteado” al vincular las pensiones a la esperanza de vida, lo que suponía una pérdida de poder adquisitivo, y señaló la preferencia de resolver esta cuestión precisamente mediante el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la ordinaria.
“Ello implica incorporar indicadores que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población y que, actuando de forma equilibrada sobre el conjunto de parámetros del sistema, sirvan de base para un diseño del nuevo mecanismo que evite hacer recaer en las generaciones más jóvenes el coste derivado de la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas, repartiendo de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema en el largo plazo”
En cuanto a los indicadores de equidad intergeneracional, el ministro advirtió que será necesario incorporar este “mecanismo generacional” en los próximos años en el diseño de todas las políticas públicas, y no sólo para las pensiones, debido a que “tenemos unos jóvenes con un nivel de precariedad y una tasa de paro muy superior, que no es una generación muy ancha, y tendrá que afrontar el mantenimiento del Estado de Bienestar”.
Por último, el acuerdo alcanzado también da unos meses para realizar los cambios normativos necesarios para dar acceso a las parejas de hecho a las pensiones de viudedad, en igualdad con los matrimonios, así como para la inclusión en el sistema de Seguridad Social de las personas que realizan prácticas, aunque no tengan remuneración.
