De acuerdo con estas informaciones, el Consejo de Ministros podría abordar mañana una nueva normativa, en forma de anteproyecto de ley propuesto por el Ministerio de Transición Ecológica, para limitar las subidas del recibo de la luz, poniendo coto a la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo”) que reciben las nucleares y las hidráulicas.
“Si finalmente se introducen y aprueban estos cambios, algunas empresas del sector se verían negativamente perjudicadas, especialmente las que tengan más exposición a energía hidráulica y nuclear”, señalan los analistas de Bankinter en una nota. “No está claro si finalmente se llevarán a cabo estos cambios ni cómo se podrían materializar”, aclaran, pero “son malas noticias para el sector, ya que pone de manifiesto la incertidumbre regulatoria a la que está sujeto”.
“Cada vez que salen a la luz este tipo de noticas el sector reacciona con caídas al erosionar la confianza de los inversores”, recuerdan estos expertos.
No es por tanto una sorpresa que las acciones de Endesa se sitúen en la jornada de hoy como las más penalizadas del Ibex 35, con una caída al cierre del 5,71% hasta marcar 22,30 euros. Con esta caída, el valor evapora toda la subida acumulada en el año (-0,22%) con la capitalización bursátil en el entorno de los 23.600 millones de euros.
Esquema marginalista del sistema eléctrico
La mecánica del sistema eléctrico sigue un esquema marginalista, explican los expertos de Bankinter. Esto implica que las nucleares e hidráulicas, que producen electricidad con un coste bajo, cobran el precio (siempre más alto) que marca la última tecnología en entrar en el sistema para cubrir la demanda eléctrica. En los últimos meses, han entrado al sistema ciclos combinados, que queman gas para producir electricidad, justo cuando el precio del gas y de los derechos de emisión de CO2 estaban disparados, con el consiguiente sobrecoste para el sistema, y por lo tanto, para el consumidor final.
Por su parte, las eléctricas argumentan que es el Gobierno es que se beneficia de estos sobrecostes debido a derechos de emisión del CO2. En la actualidad cada país tiene asignados una cantidad de derechos de emisión de CO2. Esos derechos permiten emitir una determinada cantidad de gases contaminantes a la atmósfera.
La previsión del Gobierno español antes de que el precio de los derechos se disparara era de obtener 1.100 millones de euros. Al dispararse los precios (por la mayor presión medioambiental, entre otras razones), ahora el Gobierno español podría recaudar 2.200 millones. Las eléctricas reclaman que para minimizar ese sobrecoste en la factura de la luz no se recurra a reducir los márgenes a nucleares e hidráulicas, sino que se detraiga de los Presupuestos Generales del Estado.
