En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Rodríguez ha recordado que fue el PSC, por medio de Salvador Illa, quien se encargó de solicitar un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre el decreto ley del Govern para crear un fondo de 10 millones de euros. Un documento que sirviese, según el propio Illa, para “aclarar si” el fondo “se ajusta a la legalidad”.
En este contexto, la ministra portavoz ha señalado además que el Estado también cuenta con “mecanismos de control” para este tipo de normativas impulsadas por las comunidades autónomas. “Está en estudios por parte de los servicios jurídicos, el debate no es pacífico y bueno, vamos a esperar cómo se pronuncia este Consejo de Garantías”, ha añadido.
En cualquier caso, Rodríguez ha dejado claro que hay que “atenerse al cumplimiento estricto de la ley”. “El Tribunal Constitucional es un tribunal de garantías, está haciendo su trabajo con las responsabilidades contables. Si existen dudas, lo que hay que hacer es articular los mecanismos de legalidad oportunos”, ha apostillado.
La ministra se ha expresado así un día después de que la Junta de Govern del Institut Català de Finances (ICF) aprobase cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los dirigentes independentistas por la acción exterior de la Generalitat realizada entre los años 2011 y 2017.
Fuentes del Govern concretaron que la entidad financiera pública de la Generalitat aprobó activar el mecanismo previsto en el decreto de creación del Fondo Complementario de Riesgos para que el ICF presente el aval, con el contraaval del fondo de 10 millones de euros aprobado por el Govern la semana pasada para este tipo de casos.
