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La Justicia investiga a 100 banqueros pero sigue sin sentar a ninguno en el banquillo de los acusados

sábado 03 de agosto de 2013, 00:00h
Migue Blesa, ex presidente de Caja Madrid
Migue Blesa, ex presidente de Caja Madrid
Casi cinco años después de que comenzase la crisis financiera en España, hasta 100 consejeros y directivos de las entidades rescatadas se han visto obligados a sentarse en los banquillos de los tribunales. Sin embargo, excluyendo la fugaz visita de Miguel Blesa a Soto del Real, por el momento los procesos se caracterizan por haber traído más ruido que nueces.

La habitual lentitud de la justicia española, mezclada con diversos intereses políticos en las antiguas cajas de ahorros, ha dado fruto a un circo de tres pistas mediático cuyo principal paradigma ha sido el caso Blesa. El expresidente de Caja Madrid ha visitado ya dos veces la cárcel dentro de la investigación por la concesión de unos créditos de 26,6 millones de euros al expresidente de la CEOE y antiguo consejero de la entidad Gerardo Díaz Ferrán y por la compra del City National Bank of Florida.

Sin embargo, finalmente ha sido el juez José Elpidio Silva el peor parado, ya que no sólo ha sido apartado del caso sino que se enfrenta a una querella de la Fiscalía por haber cometido presuntamente cuatro delitos durante la instrucción. Blesa, mientras tanto, que al salir de la cárcel pidió un “juez imparcial”, espera noticias.

El otro caso mediático por antonomasia es el de Bankia, ya que acumula el mayor número de imputados, con hasta 33 consejeros de Bankia y de su matriz Banco Financiero y de Ahorros siendo investigados por la Audiencia Nacional tras la querella presentada por UPyD por delitos de falsificación de cuentas, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Entre los imputados, el exdirector gerente del FMI y exministro de Economía Rodrigo Rato, el exministro de Interior Ángel Acebes, el presidente de la patronal empresarial madrileña Arturo Fernández, o el expresidente de Bancaja José Luis Olivas.

Olivas, a su vez, está siendo investigado dentro de las querellas presentadas por el FROB a varios directivos del Banco de Valencia por estafa, administración desleal y apropiación indebida.

También en la Comunidad valenciana, la Audiencia Nacional investiga la gestión de la ya desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Hasta 30 exconsejeros y directivos de la entidad desfilarán por el banquillo aunque el juez ha optado por formar piezas separadas con las distintas acusaciones. La investigación ha incluido el registro de la vivienda del exdirector general de la caja alicantina, Roberto López Abad.

Las pensiones e indemnizaciones cobradas en las entidades rescatadas es otro de los asuntos que han llevado a un buen puñado de exdirectivos a sentarse en el banquillo. Así ha ocurrido en Novacaixagalicia, en la que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto una querella contra cinco exdirectivos por asignarse unas pensiones millonarias. Entre ellos se encuentran el exdirector general de Caixanova, José Luis Pego y, procedente de Caixa Galicia, Javier García de Paredes. Un caso similar es el de Caixa Penedés, uno de los más avanzados ya que el juez ha avisado de que hay indicios de delito y todo parece indicar que habrá juicio.

CCM, primera víctima de la crisis financiera, sigue cuatro años después bajo investigación de la Audiencia Nacional por la concesión de préstamos presuntamente irregulares. En este caso, la querella está presentada contra el expresidente Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega.

Banca Cívica y la CAN son por el momento las últimas entidades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional. Por un lado, se ha admitido a trámite una denuncia contra el antiguo consejo por presunta falsedad contable en la salida a Bolsa de la entidad. Entre los consejeros investigados se encuentran Enrique Goñi, exdirector general de la CAN, y Antonio Pulido, expresidente de Cajasol. Al mismo tiempo se investigan también los cobros de dietas en CAN, habiendo imputado el juez a Miguel Sanz, expresidente del Gobierno de Navarra y Enrique Maya, alcalde de Pamplona.

‘Las cosas de palacio van despacio’, dice el refrán, y en este caso parece estar aplicándose a rajatabla en un asunto muy delicado y con numerosas implicaciones políticas pero que al mismo tiempo ha causado bastante alarma social, teniendo en cuenta además que la crisis financiera ha obligado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a inyectar más de 39.000 millones de euros aportados por Bruselas en la banca, que se suman a los 13.869 millones que ya prestó el Estado a los grupos de cajas para que acometieran sus fusiones.

La imputación alude a aquella fase del procedimiento en la cual el juez investiga si hay base para sostener una acusación por la existencia de un presunto hecho punible, lo que se denomina fase de instrucción. Sólo después de esta investigación se puede hablar ya de acusados. En otras palabras, una persona imputada es la que está siendo investigada, y una acusada es la que, una vez realizada esta investigación, es juzgada.
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