El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha recomendado hoy que las comunidades autónomas introduzcan lo antes posible una norma de límite del gasto «legalmente vinculante» para contribuir a la consolidación fiscal de las administraciones españolas. La recomendación de Almunia va más allá que la propuesta del Gobierno español, que ha descartado la opción de fijar un tope por ley.
El su lugar, el Ministerio de Economía aboga por llegar a acuerdos políticos con las autonomías. Mientras tanto, la titular de esta cartera, Elena Salgado, instó hoy a los Ejecutivos autonómicos a aplicar más medidas de ajuste para recortar sus números rojos. La vicepresidenta económica anunció esta mañana que el déficit fiscal de las comunidades en el primer trimestre ascendió al 0,46% del PIB (4.995 millones de euros).
La situación financiera de las autonomías -que en 2010 incumplieron los objetivos de estabilidad- supone una de las principales preocupaciones para el Gobierno, que ha incrementado el control y la vigilancia sobre el saldo fiscal de las comunidades. Los datos muestran que ningún territorio supera el 1% de déficit. Las peor situadas en el primer trimestre han sido Islas Baleares y Cataluña, con un déficit del 0,97% del PIB. También registran déficit elevados Murcia (0,89%), País Vasco (0,77%), Andalucía (0,75%) y Comunidad Valenciana (0,67%).
Según Salgado, no todas las comunidades han mostrado la misma evolución, ya que aproximadamente la mitad han registrado un comportamiento “acorde” con el objetivo de déficit para 2011 del 1,3%, aunque otras ofrecen datos “menos positivos” y deberán acelerar la aplicación de los planes para alcanzar el objetivo marcado. En concreto, el déficit autonómico es el resultado de unos ingresos que se han situado en 29.535,73 millones, un 2% menos que en el periodo anterior, y unos gastos que han ascendido a 34.531,04 millones, un 5,4% más.
Mientras tanto, el déficit del Estado se situó en los 2.450 millones de euros hasta abril, lo que supone una reducción del 53% en comparación con el mismo periodo del año anterior (5.270 millones de euros). Este déficit, que equivale al 0,22% del PIB, es resultado de unos recursos no financieros acumulados entre enero y abril de 2011 de 44.963 millones, frente a unos gastos no financieros de 47.413 millones de euros. La ministra aseguró que “el proceso está correctamente encauzado al cumplimiento del objetivo de déficit”, y que los datos “se ajustan perfectamente a nuestras previsiones”.
La necesidad de reducir el gasto para reconducir el elevado déficit público y devolver la sostenibilidad fiscal a las cuentas del Estado ha provocado que la inversión pública en I+D+i en valor absoluto se reduzca por primera vez desde 1997. Según el INE la inversión total en I+D cayó en 2010 un 1,7%. Se trata de un recorte sin precedentes en los archivos del INE, que recoge estos datos desde 1964.
