A ello se suma que numerosas autonomías aún no han aprobado sus respectivas leyes de cajas para adecuarlas a la Ley estatal del pasado año, y que tiene por objeto profesionalizar y despolitizar los órganos de gobierno de las cajas, lo que otorga algunos resquicios para que los nuevos ejecutivos continúen haciendo y deshaciendo en las cajas.
Uno de los grandes triunfadores de las elecciones del 22-M ha sido Francisco Álvarez Cascos, que ya en la campaña electoral se mostró muy crítico con la fusión entre Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Sin embargo, la intención de Cascos de frenar el proceso choca contra una ley aprobada por el Gobierno de Aznar cuando el propio Cascos era ministro de Fomento, según han señalado a EL BOLETÍN fuentes próximas a la patronal de cajas.
La Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, aprobada en 2002, establecía el principio de “irrevocabilidad” de los consejeros de las cajas, según el cual los miembros de los órganos de gobierno de las entidades no pueden ser revocados de sus puestos hasta que finalicen su mandato. Con esta medida se intentaba añadir estabilidad a las cajas precisamente ante el temor de que un vuelco electoral en autonomías y ayuntamientos provocase un cambio abrupto en los consejos y acabase afectando al negocio de las entidades.
Tras la celebración de las elecciones autonómicas, en las que Foro Asturias fue el partido con mayor representación parlamentaria en la región con 16 de los 45 escaños en disputa, Cascos abogó por “reconducir” el proceso de integración de Cajastur, que calificó de “expolio inadmisible y dañino”. El proceso, que sí contó con la autorización del Ejecutivo de Vicente Areces, está muy adelantado. De hecho, la semana pasada el consejo de administración de Cajastur aprobó la segregación de su negocio financiero para permitir la creación del nuevo banco que aglutinará el negocio financiero de las tres cajas. El traspaso de los activos al banco deberá ser sometido para su aprobación a la asamblea general de la caja asturiana, que se celebrará a finales de junio o principios de julio. El proceso podría coincidir con la toma de posesión de Cascos como nuevo presidente.
Otro frente se ha abierto en el País Vasco, donde la irrupción de Bildu como segunda fuerza política de la región amenaza con frenar el proceso de fusión de las tres cajas vascas. No obstante, según han señalado a EL BOLETÍN fuentes del sector financiero, BBK, Kutxa y Caja Vital tienen intención de aprobar el proceso, que incluye la integración de los negocios dentro de un banco, antes de que los representantes de la coalición ‘abertzale’, opuesta al acuerdo, puedan acceder a sus órganos de gobierno.
Si se cumplen los plazos previstos, a mediados de junio los consejos de administración de las tres entidades firmarán el acuerdo de integración, que será ratificado por las respectivas asambleas en septiembre como muy tarde. La renovación de los órganos de gobierno de las cajas no está prevista hasta abril del próximo año, que sería cuando Bildu podría entrar con fuerza en las asambleas, especialmente en la de la Kutxa, tras la victoria electoral en Guipúzcoa.
En Madrid, el caso es diferente. Pese a que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha salido reforzado de los comicios, las dudas provienen de la posibilidad de que el Canal de Isabel II se convierta en accionista de Bankia. Sin embargo, la privatización del Canal es condición ‘sine qua non’ para que invierta en el banco que preside Rodrigo Rato, y el proceso parece estancado. El pasado 25 de mayo estaba prevista una reunión del Consejo de Administración para tratar el tema de la privatización y el futuro del Canal, pero fue finalmente desconvocada, según han señalado a EL BOLETÍN fuentes sindicales. La próxima reunión será en junio, por lo que es altamente improbable que el asunto se trate hasta que no se constituya la Asamblea autonómica el próximo 7 de junio. De hecho, podría demorarse hasta septiembre.
