Las exigencias de los inversores internacionales, que no se fían de las cifras publicadas por la banca y supervisadas por el Banco de España, han sido escuchadas. El ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, ha señalado hoy que el Gobierno nombrará a dos entidades independientes para que valoren las carteras inmobiliarias de las entidades.
De Guindos no ha dado nombres sobre que entidades realizarán esta valoración, aunque ha matizado que “deberán ser de máximo prestigio y sin conflicto de intereses”. La prensa especializada da por descontado que éstos expertos que auditarán el ladrillo de la banca serán Blackrock y Mercer Oliver Wyman.
De Guindos ha anunciado asimismo que todos los bancos deberán crear de manera “obligatoria” sociedades de gestión de activos (los populares bancos malos), a las que traspasarán “todos los activos adjudicados con objeto de su veta”.
Durante su comparecencia en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros en el palacio de La Moncloa, De Guindos ha asegurado que el precio último de venta de estos activos se calculará como su precio valor contable menos las provisiones realizadas.
El titular de Economía, que ha señalado que los bancos se deben dedicar a su negocio financiero y no al inmobiliario, ha añadido que “sería deseable que entraran inversores privados” en estas sociedades de gestión de activos, aunque ha recalcado que el Gobierno no ostentará la propiedad.
Conjuntamente, el Consejo de Ministros ha elevado las provisiones sobre los créditos inmobiliarios considerados sanos (al corriente de pago) de una media del 7% al 30%, que supondrán una dotación adicional de 30.000 millones respecto a los 9.000 millones que ya estaban dotados. En concreto, las provisiones para el suelo sano pasarán del 7% al 52%; para las promociones en curso, al 29%; para vivienda terminada, al 14%; y para segundas hipotecas, al 52%.
Si se contabilizan las provisiones exigidas ahora a las del decreto aprobado en febrero, toda la cartera inmobiliaria de los bancos estará cubierta al 45% para el global del crédito promotor, con una cifra de unos 137.000 millones de euros.
Las entidades tendrán hasta junio de este año para presentar al Ministerio de Economía sus planes para cumplir con estos nuevos saneamientos, que en principio se realizará “con cargo a los resultados de los bancos”. En los casos en que este esfuerzo suponga una carencia de capital, el Estado inyectará fondos públicos a través de bonos convertibles contingentes (CoCos) que exigirán “un interés superior al que el Tesoro está pagando en los mismos, que estará en el entorno del 10%”.
De Guindos, que no ha cuantificado las ayudas públicas que serán necesarias, sí ha adelantado que serán inferiores a los 15.000 millones de euros que se inyectaron en la primera ronda del FROB. Pasados cinco años, está previsto que hayan sido reembolsados al Tesoro, por lo que no tendrán “ningún coste para el contribuyente”. El FROB tiene actualmente una liquidez de unos 5.000 millones de euros.
Con estas dos medidas, Sáenz de Santamaría ha señalado que se logrará devolver “la plena credibilidad y confianza” en el sector financiero español, al mismo tiempo que se asegurará la venta de viviendas “a precios razonables”.
