El PP busca que la Ley de Dependencia se financie según las “necesidades” reales de las comunidades

Los populares inciden que la evaluación deberá realizarse de forma específica en relación a los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales. El Partido Popular sigue dándole vueltas al nuevo modelo de financiación. Algo que se tocará en el próximo Congreso Nacional que celebrará el partido. Y para ello, Javier Arenas ya ha preparado las primeras líneas que se debatirán en la Ponencia Económica y de Administración Territorial. Entre las intenciones de la formación se incluye cómo financiar la Ley de Dependencia.
 
Para ello, la estrategia que persiguen los populares para esta ley pasa porque las necesidades de financiación de las comunidades deban fijarse atendiendo a sus necesidades reales. Así lo incluye el documento que ha recogido Europa Press y donde, según este proyecto del PP, se regirán numerosas variables que ponderen la población para así hacer el reparto presupuestario.
 
El PP añade que la evaluación de las necesidades reales deberá realizarse de forma específica en relación a los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales. “En ella, deberán considerarse de manera especial, las necesidades derivadas de la aplicación de la Ley de Dependencia y revisarse con el máximo detalle, la dinámica de crecimiento del gasto sanitario, sus indicadores y los índices que determinan la población protegida equivalente”, se incluye en el documento.
 
También se podría tratar en la Ley de Dependencia “factores físicos que incidan de forma evidente en el coste de la prestación de servicios (dispersión, superficie, insularidad), y que se determinarán en el grupo de trabajo creado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para cada una de las competencias”.
 
Reformar el sistema de financiación, una “prioridad”
Una financiación territorial que, a ojos de los populares, debe garantizar un “nivel mínimo igual” para la prestación de servicios públicos en todas las comunidades autónomas. Tachada en el propio texto como “prioridad”, la reforma del sistema de financiación, según el PP, debe hacerse desde “el más amplio consenso posible”. Y siempre sin negociaciones bilaterales previas que después se trasladen a otras comunidades.
 
“La reforma del sistema de financiación no puede ser el ámbito en el que se traten de conseguir otros objetivos políticos, por muy legítimos que sean; y mucho menos para alcanzar objetivos políticos contrarios al ordenamiento constitucional”, sostienen los populares, en referencia a las demandas que salen desde Cataluña.