La Comisión Europea sentencia que se limitaron a aplicar las normas de ayudas de Estado al obligar a Apple a devolver 13.000 millones de euros a Irlanda. Las críticas de Apple y de Irlanda a la sanción que ha puesto la Comisión Europea a la multinacional por las ventajas fiscales ilegales que recibió del país irlandés no parecen amedrentar a Bruselas. La postura del Ejecutivo comunitario sigue firme, según han manifestado: se limitaron a aplicar las normas de ayudas de Estado al obligar a Apple a devolver 13.000 millones de euros a Irlanda.
La Comisión Europea ha decidido este lunes publicar la versión no confidencial de la decisión por la que impuso la multa más alta de su historia al gigante tecnológico, 130 páginas en las que recoge el razonamiento legal detrás de su polémico dictamen. Un documento en el que, como ha recogido EFE, también se ha incluido el entramado empresarial y las operaciones de Apple en Europa.
Con esta información, los Estados miembros podrán realizar los cálculos oportunos para conocer si la empresa de Cupertino debería haber pagado impuestos por los beneficios generados en sus jurisdicciones y así pedir la devolución. Algo que ya se ha reclamado en países como España, por lo menos desde la oposición a Cristóbal Montoro.
Según la investigación que ha salido desde Bruselas, Apple operaba en Europa a través de las sociedades Apple Operations Europe y Apple Sales International, con base en Irlanda. Desde esa posición, la compañía desviaba los beneficios que obtenía en varias regiones -Europa, Oriente Medio, África e India- a Apple Sales International, que a su vez dividía estos beneficios y los localizaba internamente en una “sede social” que no estaba ubicada en ningún país y no tenía empleados ni oficinas propias, de manera que la mayor parte de esos beneficios que se le asignaban quedaban sin tasa.
Una de las conclusiones que ha extraído la Comisión Europea ha determinado que los pactos que Irlanda concedió a Apple violaron las normas de ayuda de Estado porque permitieron que Apple Sales International y la sede social no fuesen tratadas del mismo modo que si hubiesen sido empresas independientes operando en condiciones de mercado. En concreto, como ha podido conocer EFE, se les permitió transferir sus beneficios a una entidad que, al no tener empleados, no podía ser operativa, algo que nunca hubiesen conseguido empresas independientes.
De esta manera, Bruselas contesta al Gobierno irlandés que recriminó a la Comisión Europea, en un recurso que presentará a la corte de Luxemburgo, que el Ejecutivo comunitario “ha malentendido la ley irlandesa” y que ha “aplicado mal las normas de ayudas de Estado”.
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