El Ecofin activa el proceso sancionador. La multa definitiva por no tomar medidas para reducir el déficit podría conocerse el próximo 27 de julio. De poco han servido los esfuerzos del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, para evitar que España reciba una multa por incumplir el objetivo de déficit. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han activado este martes el proceso formal para sancionar al país -y también a Portugal- por no haber tomado “medidas efectivas” para reducir el agujero en las arcas públicas.
La decisión adoptada hoy pone en marcha un proceso de 20 días para que la Comisión Europea presente una propuesta que cuantifique la multa para los países incumplidores, que en el peor de los casos puede ser de hasta un 0,2% del PIB nacional (unos 2.200 millones de euros en el caso de España) y la congelación de parte de los fondos europeos que corresponden para 2017. Aunque la cuantía podría reducirse en función de los ajustes con los que se comprometa el Gobierno. “Cuanto más haga España, más fácil será para la Comisión” reducir la multa, dijo ayer Jeroen Dijsselbloem, jefe del Eurogrupo.
Al mismo tiempo, se abre un plazo de 10 días para que España presente sus alegaciones al proceso sancionador. Según declaraciones recogidas por Europa Press, el ministro Luis de Guindos ha apuntado que “mañana mismo” el Gobierno español presentará estas alegaciones, al tiempo que se ha mostrado confiado en que la sanción “será igual a cero”.
La Comisión Europea considera que en el último ejercicio el déficit estructural no se redujo al ritmo esperado debido a las rebajas de impuestos y al incremento del gasto público en pleno año electoral, resultando que finalmente se situó en el 5,1%, frente al 4,2% pactado. Pero es que además las cuentas de Bruselas contemplan que en 2016 bajará a apenas al 3,9% y en 2017 al 3,1%. Sin embargo, Guindos ha reiterado que el próximo año el agujero de las cuentas públicas será inferior al 3% del PIB.
La multa definitiva podría conocerse el próximo 27 de julio. A partir de entonces, sólo los ministros de Economía de la zona del euro podrían echarla atrás o decidir reducirla.
