El juez Andreu imputa a Deloitte por la salida a Bolsa de Bankia

Caso Bankia

El juez Andreu imputa a Deloitte por la salida a Bolsa de Bankia

    Deloitte

    El juez llama al representante legal de Deloitte y a su socio Francisco Celma a declarar como investigados el próximo 20 de junio. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha atendido a las peticiones del 15MpaRato y de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y ha decidido llamar como investigados al representante legal de la auditora Deloitte y a su socio Francisco Celma por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011.

    La providencia acuerda que ambos comparezcan el próximo 20 de junio a las 9:00 horas después de que el magistrado haya admitido a trámite el escrito presentado el pasado abril por las acusaciones.

    En su escrito pidiendo la imputación de Deloiite y su socio, el 15MpaRato señalaba que “en ningún momento se efectuó por la auditoría ninguna salvedad a las cuentas de Bankia que según las pruebas periciales contenían importantes errores que ya se conocían al momento de elaborarlas”.

    La plataforma, que considera que Deloitte es uno de los “cómplices de la estafa” de la salida a Bolsa, recordaba que la auditora ya fue multada por haber auditado y dado el visto bueno a las cuentas de Bankia “que ella misma ayudó a inventar”, para volver a ser contratada acto seguido por el banco.

    Por ello, tras el informe de los peritos independientes del Banco de España dando la razón la denuncia inicial en la que se señalaba que Bankia estaba ya quebrada cuando salió al parqué y la fianza de 800 millones que el juez ha impuesto a los principales responsables, “ha llegado el momento de ir también a por los cómplices que, tarde o temprano, caerán”, destacaba la plataforma.

    En una línea muy similar se expresaba la CIC, que ha incorporado al abogado Andrés Herzog a su equipo jurídico. “Los peritos judiciales concluyeron que ninguna de las cuentas formuladas por el Grupo BFA-Bankia desde su creación respondían a la imagen fiel de la entidad, y que los consejeros y directivos tenían suficiente información para haber elaborado unas cuentas acordes a la verdadera situación patrimonial de la entidad, lo cual debería haber sido detectado e impedido por los auditores, pues esa es precisamente su función”, argumentaba el sindicato en su escrito.

    Más información