La rebaja de rating se produce tras el cambio de dueño del banco, que pasa a estar controlado ahora por el grupo venezolano Banesco en vez de por el FROB. La agencia de calificación Moody’s ha decidido rebajar el rating de NCG Banco, que opera ahora bajo la marca comercial Abanca, desde ‘B3’ hasta ‘Caa1’, con ‘outlook’ negativo.
La acción de rating, que concluye la revisión para una posible rebaja iniciada en diciembre de 2013 y extendida en marzo de 2014, se produce tras el cambio de dueño del banco, que pasa a estar controlado ahora por el grupo venezolano Banesco en vez de por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras finalizar el proceso de venta. De hecho, Moody’s explica en su comunicado que la rebaja obedece a la menor probabilidad de de apoyo sistémico tras la salida del fondo de rescate español.
Desde que Novagalicia fue nacionalizado en septiembre de 2011, con inyecciones de capital público de 9.000 millones de euros, Moody’s había evaluado una alta probabilidad de apoyo sistémico para el banco. Sin embargo, la salida del FROB de la capital de la entidad se traduce en el retorno a un criterio de evaluación de apoyo sistémico más bajo.
Por otra parte, la agencia explica que carece de visibilidad sobre la capacidad y / o voluntad de la nueva empresa matriz (Banesco) para apoyar Novagalicia, algo que podría, en cierta medida, compensar la reducción de la probabilidad de apoyo sistémico.
Moody´s no anticipa que la venta de Novagalicia tenga ningún impacto en el perfil crediticio individual de la entidad, que es impulsado por la rentabilidad muy débil del banco y los indicadores de calidad de activos, así como los retos derivados de la realización del plan de reestructuración aprobado por la Comisión Europea.
La rebaja de la nota que refleja los retos que la entidad gallega afronta en términos de calidad de activos y capacidad de generación de ingresos; y la reciente adopción de la directiva de resolución y recuperación de la banca (BRRD) y el Mecanismo de Resolución Individual (SRM) de la UE, que aumenta el riesgo de reparto de la carga con los acreedores sin garantía, a fin de reducir el coste público de las resoluciones bancarias.
