Las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos y a la Sareb, han costado a los bancos sanos 7.557,2 millones de euros. La banca sana ha destinado 7.557,2 millones de euros al proceso de reestructuración financiera, fundamentalmente en aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y a la Sociedad gestora de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), según los datos recopilados por la agencia Europa Press.
En concreto, Santander ha aportado 4.000 millones de euros; Popular, 1.775 millones; Caixabank, 966,2 millones; Sabadell, 750 millones y Bankinter 66 millones de euros. BBVA no ha cuantificado cuánto le ha costado la reestructuración del sector financiero, si bien la agencia recuerda que el banco que preside Francisco González, que decidió no entrar en el capital de la Sareb, ya ha abonado unos 120 millones de euros brutos en la derrama extraordinaria del FGD para dar liquidez a los tenedores de participaciones preferentes de Novagalicia y CatalunyaCaixa.
Ni Santander ni Bankinter han adquirido ninguna entidad durante los años de crisis, algo que sí han hecho Popular (Banco Pastor), BBVA (Unnim), Sabadell (CAM) y CaixaBank (Caixa Girona, Bankpime, Banco de Valencia y Banca Cívica).
El pasado mes de enero, el ministro de Economía, Luis de Guindos, cifró en 61.000 millones de euros las ayudas inyectadas en el sector financiero, si bien admitió que la factura podría ascender en los próximos años. Los 7.557 millones aportados por la banca, suponen un 12% del total, o lo que es lo mismo, una octava parte.
Estas cifras se conocen después de que, según publica ElPaís, la Comisión Europea haya insistido en uno de sus últimos informes en el incierto futuro del FGD debido a los esquemas de protección de activos (EPA) concedidos en las subastas de algunas entidades, como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Unnim.
En concreto, Bruselas estima que las pérdidas de los créditos de la CAM y Unnim le van a costar al fondo 2.790 millones adicionales sobre lo que ya ha contabilizado hasta 2012. Esta cantidad se desglosa en 1.654 millones de la caja alicantina y 1.136 millones de la catalana. En el caso de que la recuperación económica no llegase, con más paro y más morosidad, la Comisión apunta que la factura subirá hasta 4.024 millones (2.662 millones de CAM y 1.362 millones de Unnim).
