Las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se han desplomado un 81% en lo que va de año, y se acercan cada vez más al simbólico precio de un euro cada título. Hoy, sólo la decisión del BCE de rebajar los tipos y las noticias de Grecia, que insuflaban nuevos ánimos en el parqué, evitaban que las cuotas cerrasen en nuevos mínimos históricos, tras los alcanzados ayer.
Los títulos se compraban hoy en el mercado a pocos minutos del cierre por 1,30 euros, un 1,56% por encima de los mínimos de 1,28 euros alcanzados ayer, su mínimo histórico. Las cuotas se encuentran cada vez más cerca también de los 0,91 euros que llegaron a marcar intradía después de que el Banco de España decidiera suspender la amortización de los títulos a finales de agosto.
El 23 de julio de 2008 la CAM sacó al mercado sus cuotas participativas. En total, colocó 50 millones de títulos a un precio de 5,84 euros cada uno. Lehman Brothers, que quebró sólo dos meses después, fue el banco colocador de la emisión. Un 65,5% de las cuotas (32,7 millones) se colocaron entre minoritarios, que tenían que realizar una inversión mínima de 3.000 euros.
Teniendo en cuenta estas cifras, algo más de 60.000 minoristas, la mayoría clientes de la CAM, se hicieron con estos títulos. La CAM colocó otro 31% de los títulos (15,5 millones), entre inversores cualificados. Entre los inversores institucionales destacaron La Caixa y Caja Madrid (hoy integrada en Bankia), que compraron 1,09 millones de cuotas cada una, lo que les supuso un desembolso de 6,4 millones de euros.1,75 millones de cuotas se destinaron a empleados de la entidad.
Según el folleto de emisión de las cuotas participativas enviado hace tres años a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los cuotapartícipes no tienen ningún derecho político ni influencia en las decisiones del consejo de administración o de la asamblea de la entidad alicantina. La única alternativa es que se hubiera creado un sindicato de cuotapartícipes con representación en la asamblea, pero la CAM descartó esta medida.
De este modo, los tenedores sólo tienen derechos económicos que, en puridad, se limitan al cobro de dividendos siempre que haya beneficios, y a la rentabilidad obtenida por la compraventa de los títulos, que se han convertido en pasto de los chicharreros.
