Una ley catalana limita los poderes del Banco de España en la nacionalizada CatalunyaCaixa

La Ley de cajas catalana obliga al Banco de España a mantener las apariencias en el consejo de administración de la nacionalizada CatalunyaCaixa. Por ello, a pesar de que el supervisor, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), controla un 90% de la entidad, tanto el presidente Adolf Todó como su equipo directivo mantienen sus asientos.

Fuentes del sector financiero han explicado a EL BOLETÍN que la normativa vigente exige que en el consejo de administración de la entidad existan consejeros independientes, consejeros ejecutivos y representantes de las entidades fundadoras, con sus respectivos sueldos pero sin ninguna responsabilidad real en las decisiones estratégicas que tome CatalunyaCaixa.

El FROB, que ha aportado 1.718 millones de dinero público dentro de la entidad, está representado en el nuevo consejo por Juan María Hernández Andrés, Orlando García y José Antonio García Rico. Entre los tres cuentan con un único voto en el consejo de administración de la entidad, aunque en términos reales representa un 89,7% de los votos, por el 10,7% restante que corresponde a los otros miembros del máximo órgano de decisión.

Junto a los tres representantes del FROB se mantiene Adolf Todó como presidente ejecutivo. Según han asegurado fuentes de CatalunyaCaixa a EL BOLETÍN, sobre sus hombros recae el control ejecutivo del día a día de la entidad, aunque siempre debe contar con el visto bueno del Banco de España. Estas mismas fuentes no han aclarado cuál es el sueldo que recibe Todó por esta labor. No obstante, si se tiene en cuenta la retribución que percibía su antecesor, Narcís Serra, puede hacerse una idea aproximada. El ex vicepresidente del Gobierno recibía unos 200.000 euros anuales, aunque su labor al frente de la entonces Caixa Catalunya no era exclusiva, sino que la compaginaba con otros cargos.

La presidencia de la entidad catalana ha estado sujeta a la polémica desde su creación, fruto de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa. Tras la marcha de Serra, el elegido para sustituirle fue Fernando Casado, aunque dimitió tras el debate que suscitaron los 600.000 euros anuales que pretendía cobrar por su cargo en una caja que ya había recibido 1.250 millones de euros en ayudas del FROB 1, realizadas a través de participaciones preferentes.

Junto a Todó en el consejo, se mantiene su número dos, Jaume Masana, como consejero delegado. Por su parte, Joan Albert Abelló, Josep Maria Farrés, Josep Molins y Manel Rosell entran en representación de la Obra Social.

Además, el máximo órgano de dirección de la entidad cuenta con cinco consejeros independientes, el empresario Joaquim Boixareu; el presidente de la consultora Seeliger & Conde, Luis Conde; el economista Edward Hugh; la presidenta de Sellbytel Group, Helena Guardans; y el catedrático de Economía Aplicada de la UPF, José García-Montalvo.