Diversas organizaciones ecologistas, entre las que se encuentran Ecologistas en Acción y Greenpeace, han puesto al descubierto una nueva trama que vincula a la CAM con imputados en el ‘caso Brugal’, después de haber pedido al Banco de España a que investigue a fondo las relaciones entre la caja alicantina y la promotora inmobiliaria y turística Hansa Urbana, controlada por la familia Galea.
La CAM es propietaria del 30% de Hansa Urbana, pero al mismo tiempo la empresa mantiene con la entidad alicantina una deuda que oscilaría, según algunos observadores, entre los 700 y los 800 millones de euros. De hecho, el pasado mes de mayo, dos meses antes de la intervención del Banco de España, la CAM aumentó su participación en Hansa Urbana al capitalizar un crédito de 41 millones de euros.
La inmobiliaria presidida por Rafael Galea había aprobado el pasado 22 de marzo una ampliación de capital mediante compensación de créditos que suponía capitalizar 40,76 millones de euros (2,82 millones de capital y 37,94 de prima de emisión) que debía a una sociedad de la CAM.
Esta operación ya levantó revuelo hasta el punto de que la Asociación Internacional contra la Prevaricación llegó a amenazar con presentar una demanda por prevaricación si María Dolores Amorós, directora general de la CAM, no abandonaba su puesto. El colectivo de fiscales contaba entre sus bazas que Amorós podía ser sancionada, entre otros asuntos, por este canje de acciones por deuda. Apenas unos días después de la amenaza, los interventores del Banco de España cesaban a la directora general sin derecho a indemnizaciones.
Rafael Galea, como presidente de Hansa, ya se vio obligado a declarar como imputado dentro del caso ‘Brugal’ debido a la adquisición por parte del empresario Enrique Ortiz, presidente del Hércules, de unos terrenos de Hansa Urbana en la playa de San Juan de Alicante. También declaró ante el juez Daniel Gil, que fuera máximo responsable de la división de inversión inmobiliaria de la CAM.
Las reclamaciones de los ecologistas se centran ahora en dos megaproyectos urbanísticos que Hansa Urbana intenta sacar adelante. En México, un grupo liderado por la promotora alicantina prevé construir 15 hoteles, un puerto deportivo para 490 barcos, dos campos de golf y 8.000 viviendas, que se haría realidad en cinco fases, en Cabo Cortés, al sur de la península de Baja California, una zona virgen de alto valor ecológico. Según denuncian los ecologistas, este complejo viola la regulación medioambiental mexicana.
En Murcia, Hansa Urbana es propietaria mayoritaria e impulsora de tres grandes desarrollos urbanísticos y planes parciales que, en conjunto, supondrían la construcción de unas 20.000 viviendas, en los proyectos de Novo Carthago (Cartagena, Mar Menor), Puerto de Mazarrón y Puntas del Calnegre (Lorca). La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ya pidió a la Consejería de Desarrollo Sostenible la documentación relativa a este proyecto para averiguar si hubo alguna ilegalidad en la recalificación de los terrenos, asunto sobre el que también se ha interesado Bruselas.
