Un cambio legal de última hora permite a Montoro ‘ocultar’ hasta 2014 si Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda
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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado siempre que el nombre de Luis Bárcenas no aparece en la lista de las personas que se han acogido a la amnistía fiscal. Lo que no ha contado es que el extesorero del PP tendría de plazo hasta el 31 de diciembre para identificarse detrás de alguna de las sociedades que se han acogido a la regularización.

Según fuentes jurídicas consultadas por EL BOLETÍN, en principio la amnistía fiscal estaba prevista tan sólo para personas físicas, que tenían de plazo para acogerse al proceso de regularización hasta el 30 de noviembre del pasado año. No podían acogerse ni aquellos que tuviesen abierto un proceso penal o que ya estuviesen siendo investigados por Hacienda, lo que en principio excluía al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Sin embargo, tres meses después el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro amplió la amnistía fiscal también a las sociedades. En ese sentido, se podría haber abierto la puerta para que sociedades en manos de Bárcenas se acogieran a la regularización, tal y como ha defendido el abogado del exsenador popular, ya que la ley no obliga a identificar a la persona física que está detrás de estas empresas hasta el 31 de diciembre de 2013.

En otras palabras, Bárcenas podría estar actualmente tramitando su identificación, por lo que, en puridad, en la polémica entre Montoro y el abogado ninguna de las dos partes habría mentido.

Por otro lado el Ministerio de Hacienda ha recaudado menos de lo previsto gracias a este perdón. El plan de amnistía fiscal ha hecho aflorar dinero antes no declarado por 40.000 millones de euros, pero los ingresos fiscales para el Estado por esta medida ascienden a 1.193 millones de euros (apenas un 3%), frente a los 2.500 millones previstos inicialmente.

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) atribuye la escasa recaudación de la amnistía fiscal a la prescripción del 70% de los 40.000 millones de euros. La administración tributaria solo puede exigir el pago de impuestos defraudados sobre 11.910 millones, mientras que el 70,2% del patrimonio restante, más de 28.000 millones, se corresponde con ejercicios fiscales prescritos, básicamente procedentes de 2007 y años anteriores.

Según las cifras de la amnistía fiscal, 29.683 personas físicas se acogieron a la regularización, y 618 empresas.