La reconfiguración del mapa financiero en España no sólo se circunscribe a las cajas de ahorro, sino que se ha extendido al colectivo de las cooperativas de crédito. En particular, a las cajas rurales, donde ya se han creado dos grandes grupos centrados por el momento en la Comunidad Valenciana.
No obstante, si las cajas de ahorros se han lanzado a procesos de fusiones, las cajas rurales han optado por los denominados Sistemas Institucionales de Protección (SIP), en los que los integrantes se avalan los unos a los otros, con lo que se elevan los ratings de solvencia y crediticios, pero mantienen su independencia.
El primer movimiento lo llevó a cabo a mediados de mayo la andaluza Cajamar, primera rural del sector, que junto con CajaCampo, Caja Rural, Caixa Rural Albalat dels Sorells, Cooperativa de Crèdit Valenciana y Caja Rural de Casinos creó el Grupo Cooperativo Cajamar.
Mediante este acuerdo, cada entidad mantiene su personalidad jurídica, autonomía operativa, su identidad corporativa, sus consejos rectores, sus plantillas de empleados y sus fondos de educación y de promoción. El grupo suma 2,5 millones de clientes, de los que 571.738 son socios, gestiona activos por valor de 26.327 millones de euros, da empleo a 4.380 trabajadores y cuenta con 1.003 oficinas.
Este proceso, que incluye a tres rurales valencianas, ha tenido como respuesta en la Comunidad presidida por Francisco Camps la creación de un grupo en torno a Ruralcaja que agrupa a 16 entidades de la región. El grupo comenzará a operar en la primera mitad de 2010 con el nombre de Cajas Rurales del Mediterráneo (CRM), con unos activos totales de 11.326 millones de euros, 593 oficinas y 2.500 empleados.
El principal impulsor de este proceso valenciano Juan Antonio Gisbert, director general de Ruralcaja, señaló tras la firma del protocolo que se trataba sólo de «un punto de partida», por lo que mostró su convencimiento de que el grupo «se ampliará con nuevas voluntades».
Da la coincidencia de que antes de su cargo en Ruralcaja, Gisbert fue director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), puesto del que dimitió en 2001 tras nueve años en la entidad y ante las presiones del entonces presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, que era partidario de una fusión entre CAM y Bancaja a la que Gisbert se oponía.
Esto movimientos se unen al SIP que impulsa la Caja Rural de Córdoba junto a una veintena de entidades y al que promueve Analistas Financieros Internacionales (AFI) para cooperativas de crédito más pequeñas, de ámbito local y comarcal. Actualmente existen 76 cajas rurales, que agrupan algo menos de un 5% del negocio bancario en España.
