Un total de ocho comunidades tendrán que presentar esta semana medidas que constaten su capacidad para cumplir con el objetivo de déficit de este año (1,5%) si quieren evitar que el Ministerio de Hacienda eleve las advertencias al Consejo de Ministros del próximo viernes y se inicie así el procedimiento incluido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que puede acabar en intervención.
El Ejecutivo no ha querido desvelar por el momento qué comunidades autónomas tienen la ‘tarjeta amarilla’, pero algunos medios dan por hecho que serán Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, La Rioja y Valencia.
El Gobierno emitió una advertencia informal a estas regiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la semana pasada y les concedió siete días para que refuercen sus medidas y las presenten en reuniones bilaterales con el Departamento de Hacienda.
Si en ese plazo no consiguen llegar a un acuerdo, las advertencias se formalizarán en el Consejo de Ministros del próximo viernes y se empezará a aplicar la Ley para evitar las desviaciones en el déficit. Si se aprueban las advertencias, el Gobierno tendrá que convocar de nuevo este mismo mes el CPFF para presentárselas a las comunidades autónomas, que dispondrán, según la Ley, de un mes para adoptar las medidas necesarias y comunicárselas a Hacienda.
Y si cumplido este plazo las comunidades no han presentado medidas adicionales o el Departamento dirigido por Cristóbal Montoro las considera insuficientes, el Gobierno podrá empezar a imponer las sanciones previstas en la Ley.
Así, las comunidades sancionadas deberán constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB. Dicho depósito será cancelado cuando se pongan en marcha las medidas que Hacienda considera necesarias.
Si transcurridos tres meses los ajustes no se han aplicado, el depósito no devengará intereses y a los seis meses se convertirá en multa. Una vez que hayan pasado un total de nueve meses y no se hayan puesto en marcha las medidas, el Gobierno podrá intervenir la comunidad autónoma.
