Las críticas vertidas desde el sector financiero al nuevo Plan de Vivienda, que aún no ha comenzado a aplicarse, han surtido efecto. El Gobierno ha decidido aumentar el margen que tendrán las entidades en los tipos que cobren por los préstamos concedidos para la compra de una VPO.
El Consejo de Ministros reunido de manera extraordinaria el pasado jueves decidía rebajar los tipos hipotecarios para los créditos de Viviendas de Protección Oficial (VPO) del Plan de Vivienda 2005-2008. Sin embargo, no era la única medida aprobada. Así, para el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, que aún no ha comenzado a aplicarse, el Ejecutivo decidía “de manera coyuntural” cambiar los tipos hipotecarios que cobrarán las entidades.
Si según el texto aprobado en diciembre del pasado año, estos tipos se situaban en el Euríbor a un año más un diferencial del 0,65, el cambio pasa esta tasa ahora a un rango de entre Euríbor +0,25 y Euríbor + 1,25. Según el Gobierno “las circunstancias de los mercados aconsejan este cambio para que los ciudadanos puedan beneficiarse de una mayor capacidad de elección entre la diversidad de oferta de las entidades”.
Este cambio responde también a una de las principales críticas y presiones del sector financiero, que han señalado a EL BOLETÍN que con el tipo de Euríbor +0,65 no se “fomentaría que se concedieran más hipotecas”, ya que “la cobertura de gastos para bancos y cajas iba a estar muy justa”. Según han señalado, “era un precio muy complicado (para bancos y cajas) ya que no cubría ni los gastos”. Con el cambio, las entidades tienen un mayor margen de actuación, ya que aunque se baja el tipo mínimo al que se pueden conceder los préstamos para una VPO, los precios estarán posiblemente más cercanos a la parte alta del rango.
Estas mismas fuentes han señalado que la rectificación del Ejecutivo, a quien “alguien le ha hecho ver” esta realidad, “ha ajustado el precio a las condiciones de un mercado que no eran las mismas que cuando se aprobó el texto original”. El nuevo plan sigue sin aplicarse tras recibir también críticas desde las administraciones autonómicas, especialmente de Madrid.
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, ha interpuesto un recurso contra dicho plan ante el Tribunal Constitucional (TC) porque, a su juicio, “convierte el derecho a la propiedad en una especie de derecho de uso”. El presupuesto del Plan 2009-2012 asciende a 10.188 millones de euros, lo que representa en torno a un 49% más que el anterior, y supone aproximadamente una quinta parte de lo gastado en el Plan E para el empleo.
El pasado jueves el Consejo también aprobó el volumen de créditos para el nuevo plan de vivienda. El Consejo autorizó un total de 33.899 millones de euros como volumen máximo de préstamos convenidos a conceder por las entidades de crédito colaboradoras. Una vez aprobado el volumen máximo de préstamos, el Ministerio de Vivienda procederá a la convocatoria para la selección de las entidades de crédito colaboradoras que financiarán el plan.
