La auditoría a los bancos españoles no estará lista hasta finales de julio

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El 31 de julio es la fecha límite que el Gobierno ha dado a las auditoras para que valoren las carteras crediticias de las 14 mayores entidades españolas, que representan un 90% del sistema financiero. Una vez entregados los informes, el Banco de España “analizará la información fruto de estos trabajos y comprobará y exigirá, en su caso, las correspondientes necesidades de capital y/o provisiones de las entidades”.

Según ha comunicado el Ministerio de Economía, este ejercicio se llevará a cabo en dos etapas: la primera de ellas analizará la resistencia del sistema a un fuerte deterioro adicional de la coyuntura económica, mientras que la segunda se centrará en los sistemas internos de las entidades para clasificar, provisionar y medir los riesgos de sus carteras.

Para la primera etapa, el Gobierno ha contratado a Oliver Wyman y Roland Berger, a quienes se ha encomendado identificar las necesidades de capital que experimentaría el sector frente a dos tipos de escenarios: Un escenario base, reflejo de la situación que sería a fecha de hoy más probable; y un escenario estresado donde se asume una coyuntura económica y una caída en los precios de los activos inmobiliarios significativamente peores, con objeto de calibrar la resistencia del sistema ante hipotéticos desarrollos negativos extremos. Esta etapa, que deberá haber finalizado el 21 de junio, no sólo contabilizará el deterioro de la cartera inmobiliaria, “sino también de los créditos a empresas y a particulares”.

Asimismo, ya se han iniciado los trabajos de la segunda etapa, que es de más larga duración. Estos trabajos los están llevando a cabo las cuatro mayores firmas auditoras en España, Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG, distribuyéndose entre los 14 grupos bancarios en cuestión, “sin que ninguna de ellas pueda revisar entidades que haya auditado en los últimos ejercicios”.

El ejercicio consiste en la realización de un análisis individualizado y detallado de las carteras crediticias de dichas entidades, en el que se valorarán, entre otras cuestiones, la clasificación y los niveles de provisión de sus carteras crediticias. Los resultados de estos trabajos deberán estar disponibles el próximo 31 de julio.

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