El canje de preferentes y deuda subordinada de CatalunyaCaixa por acciones podría anunciarse tan pronto como esta semana, y los trabajadores de la entidad catalana rescatada ya comienzan a mentalizarse ante lo que será, a buen seguro, una nueva oleada de protestas de los afectados.
Tal y como destaca la sección sindical de CSICA en CatalunyaCaixa, “la plantilla, psicológicamente castigada y claramente harta, deberá lidiar, dentro de unos días, de manera abierta, con las reacciones y casuísticas derivadas de la valoración, canje y liquidez los híbridos”.
“La ‘movida’”, añade el sindicato, “puede iniciarse formalmente el próximo viernes y se prevé que pueda haber concluido a finales de julio”.
El canje por acciones de las preferentes tanto de CatalunyaCaixa como de Novagalicia se producirá en la segunda quincena de junio, según avanzó en comisión parlamentaria la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, que señaló que la fecha aún no es definitiva.
El plan del Gobierno para los títulos de capital híbrido (participaciones preferentes y deuda subordinada) establece un canje de los títulos de las cajas rescatadas por nuevas acciones. Este canje se realizará con descuentos significativos para que de este modo los tenedores soporten parte de los costes del rescate, tal y como exige Bruselas.
En CatalunyaCaixa, los descuentos alcanzarán el 61% en las preferentes, el 50% en la deuda subordinada perpetua y el 11% en la deuda con vencimiento. En estos últimos títulos, los tenedores podrán optar también por un canje a través de un depósito bancario tradicional con el mismo vencimiento y con un descuento sobre el nominal del 1,5% mensual hasta la fecha de vencimiento de la emisión.
Sin embargo, más allá de las duras quitas impuestas, el problema surge a la hora de otorgar liquidez a las acciones que se otorgarán a cambio de las preferentes, ya que CatalunyaCaixa no cotiza en Bolsa. La solución encontrada por el ministro de Economía, Luis De Guindos, fue utilizar el FGD para este cometido, pero no será una labor altruista, sino que los afectados podrán sufrir un recorte adicional si acuden a esta posibilidad, ya que se espera que el fondo cobre una ‘comisión’ a cambio de comprar estas acciones.
Según el texto aprobado por el Gobierno, la compra se realizará a un precio que no exceda de su valor de mercado y de acuerdo con la normativa de la Unión Europea de ayudas de Estado. En el mercado se especula con un descuento adicional del 10%.
