Las dudas de Guindos sobre la reforma financiera se convierten en un quebradero de cabeza para Rajoy

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit
Share on telegram
Share on email

La reforma financiera no se cierra y el crédito sigue sin fluir con normalidad no sólo hacia familias y empresas, sino también hacia las administraciones públicas. Ayuntamientos y Comunidades Autónomas no encuentran financiación, lo que ha obligado a Hacienda a tener que asumir sus facturas, al tiempo que ha levantado no pocas quejas contra el Gobierno, algunas dentro del propio seno del PP.

El ministerio que dirige Cristóbal Montoro abonó 28.460,14 millones de euros correspondientes a facturas pendientes de proveedores de autonomías y ayuntamientos, a través del primer plan de pago a proveedores de 2012 y la extensión aprobada en 2013. En concreto, se abonaron un total de 3.812.555 facturas pendientes de 32.496 proveedores de las CCAA por un importe de 18.643.470.152,1 euros; así como 1.814.612 facturas pendientes de 116.676 proveedores de los ayuntamientos por un importe total de 9.816.670.288,71 euros.

El Gobierno ha anunciado además un nuevo plan de pago a proveedores que llegará en septiembre, y que tendrá la peculiaridad de que ningún proveedor tardará más de 30 días en cobrar de la administración. De sobrepasarse ese plazo, se podrá cobrar la deuda en cualquier delegación de Hacienda a través de un sistema electrónico. Después se cargará el pago a la administración deudora correspondiente.

El rescate de Hacienda no ha acallado las voces críticas del resto de administraciones públicas. El malestar fue expresado en el Comité Ejecutivo Nacional del PP por la alcaldesa de Cádiz y diputada del PP, Teófila Martínez, que preguntó directamente a Rajoy por la fecha en la que se “terminaría la reforma del sistema financiero”.

La intervención, filtrada por fuentes del partido a Europa Press, fue muy crítica. Martínez explicó que los ayuntamientos están ahogados financieramente y no consiguen crédito en ninguna parte. Circunstancia que pone en duda, al menos desde el punto de vista de las corporaciones locales, que la reforma que se haya llevado a cabo sea la correcta.

No son pocos los críticos que vinculan las dificultades financieras que están atravesando las administraciones públicas con la tardanza en cerrar la reforma financiera. A la espera de que se cierren algunos procesos de fusión como el de Ibercaja y Caja 3 o el, todavía en el aire de Unicaja con Caja España-Duero, la gran duda es lo que ocurrirá con las entidades nacionalizadas.

Tras la fallida subasta de CatalunyaCaixa, Guindos encargó a McKinsey y Nomura que redactaran un plan para crear un ‘holding’ de banca pública en el que se agrupasen los tres grupos rescatados: Bankia, Novagalicia y la propia CatalunyaCaixa.

La idea es que estas tres entidades mantengan una política común, con especial énfasis en el crédito a familias y pequeñas y medianas empresas (pymes), pero que al mismo tiempo el FROB pueda vender en cuanto encuentre la oportunidad Novagalicia y CatalunyaCaixa, operaciones para las que Bruselas dio un plazo de cinco años.

El encargado de llevar las riendas de este proyecto sería en principio José Ignacio Goirigolzarri, actualmente presidente de Bankia. No obstante, la idea de esta banca pública ha perdido fuerza en las últimas semanas, ante las sospechas de que, por mucho que espere, el Estado no recuperará su dinero en Novagalicia y CatalunyaCaixa, por lo que podrían acelerarse las ventas de ambas.

TE PODRÍA INTERESAR

DEJA UNA RESPUESTA