El sector energético español rechaza de lleno el posible impuesto a las nucleares y las hidráulicas que estaría planeando el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Esta industria considera que su aplicación supondría “un intento de intervencionismo económico”, que va en contra de las normas de libre mercado y de la legislación europea, ya que se regularían los beneficios de un sector liberalizado.
Fuentes del sector eléctrico han señalado a EL BOLETÍN que la intervención del mercado se basa en la afirmación de que el sector se beneficia de los denominados “windfall profits” (beneficios llovidos del cielo) a través de instalaciones con bajos costes y ya amortizadas, como las nucleares y las hidráulicas. Desde el sector niegan la existencia de esos beneficios e indican que la tesis sobre la amortización es algo “en absoluto cierto” ya que la vida útil de estas energéticas muestra que “están muy lejos de estar amortizadas”. Dentro del “hipotético pacto energético entre el PSOE y el PP” han surgido voces que también han atacado el denominado “mercado marginal”, en el que la tecnología más cara fija el precio.
“Si alguien puede producir un producto o prestar un servicio de manera más barata, con una instalación más amortizada o de forma más eficiente, ¿por qué lo va a vender a ese precio si en el mercado es posible venderlo más caro?”, replican las eléctricas, que ponen ejemplos de todo tipo: Desde alguien que vende su casa, aunque la haya recibido en herencia, hasta quien produce arroz barato de secano en vez de por inundación.
Dichas fuentes también han dicho que “las propuestas que abogan por la reducción de unos supuestos ‘windfall profits’ en la actividad de generación carecen de sentido en mercados liberalizados y no resuelven el problema del déficit tarifario”. Los datos publicados ayer muestran que este déficit, que se produce porque los costes reconocidos del sistema superan los ingresos regulados, ha ascendido a 2.585 millones de euros en los siete primeros meses del año y que es un 19,9% superior a las previsiones realizadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE), que calcula un déficit de tarifa para el 2010 de 3.190 millones de euros.
Según los datos recopilados por el sector energético, “las principales compañías eléctricas de España han perdido más de 6.000 millones de euros de capitalización desde principios de junio de este año”, y señalan que la indefinición sobre las políticas de reducción de este déficit podrían perjudicar la calificación crediticia de las energéticas.
Las eléctricas creen que estas propuestas han aprovechado la situación en la que se desenvuelve el sector, a la que se ha llegado gracias a una “regulación errática”.
Caso alemán
El Gobierno alemán también anunció recientemente la creación de un impuesto sobre el combustible nuclear. Este proyecto también alarga la vida de las centrales nucleares germanas, un punto que según el sector energético español ni siquiera contemplaría la tasa pretendida por Miguel Sebastián, ministro de Industria.
La iniciativa del Ejecutivo de Angela Merkel también ha despertado una fuerte oposición entre la élite empresarial del país. Más de cuarenta líderes empresariales, financieros e industriales de Alemania unieron sus fuerzas el mes pasado en una campaña de protesta contra las políticas energéticas de la canciller germana. Desde el consejero delegado del Deutsche Bank, Josef Ackermann, a sus homólogos en Bayer, Werner Wenning; Thyssen-Krupp, Ekkehard Schulz; y BASF, Jürgen Hambrecht; además de los máximos responsables de los cuatro grandes grupos energéticos del país: E.ON, RWE, Vattenfall y EnBW.
