La Caixa ‘obliga’ a Mas a revisar los compromisos de la Generalitat en Brasil

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit
Share on telegram
Share on email

La Generalitat que preside Artur Mas se encuentra en un callejón sin salida tras la polémica surgida después de que Acciona se haya adjudicado Aigües Ter Llobregat (ATLL), especializada en la gestión de aguas, por delante de la que partía como favorita, Aguas de Barcelona (Agbar), empresa participada por La Caixa.

Es tal el brete en el que se encuentra, que el propio Gobierno catalán ha decidido autorrecurrirse y llevar al Contencioso Administrativo la resolución de su propio organismo que revisa los concursos públicos, después de que Agbar, controlada en un 76% por la francesa Suez y en un 24% por La Caixa, presentase su propio recurso argumentando que Acciona presentó un proyecto de mejora de la red de suministro con un plazo de ejecución superior a 10 años, el máximo previsto en el pliego de condiciones, lo que le permitía hacer una oferta más barata.

Por su parte, Acciona ya ha pagado un tercio de los 1.000 millones de euros de la privatización de Aigües Ter Llobregat. Pero el enredo va más allá de lo económico al terreno puramente político, con diferentes sensibilidades que el Gobierno de Mas no se puede permitir ofender.

Por un lado, Agbar y La Caixa y por el otro, los socios brasileños de Acciona, ya que la empresa que preside José Manuel Entrecanales se hizo con el contrato de Aigües Ter Llobregat con el apoyo de BTG Pactual, considerado por los expertos como el Goldman Sachs brasileño. De hecho, en determinados círculos se considera que fueron precisamente esos vínculos con el país sudamericano los que favorecieron a Acciona a la hora de ganar la subasta de privatización, gracias a las buenas relaciones que intenta mantener la Generalitat con Brasil.

La compañía de infraestructuras promete ahora presentar batalla. Los servicios jurídicos del consorcio que lidera Acciona -y en el que también participa BTG Pactual- “están preparando las acciones que procedan en derecho para defender sus legítimos intereses”, según anunció la cotizada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La Generalitat recibió del consorcio liderado por Acciona 298,65 millones de euros como adelanto del contrato de privatización. Una partida que, según algunos observadores políticos, supuso una burbuja de oxígeno para hacer frente a los pagos con vencimiento el pasado diciembre por parte de las maltrechas arcas regionales catalanas. Ahora, en caso de que el gabinete de Mas recule en la adjudicación, la cotizada amenaza con que ‘se la pagarán’, a ella, y a sus socios de Brasil, donde la empresa que preside Entrecanales se ha hecho un hueco en los últimos años.

El país sudamericano es también destino obligado de gran parte del sector empresarial catalán. Ya han desembarcado allí el gabinete de arquitectos de Alonso Balaguer, Borges, Codorniu, Freixenet o Roca, entre otras muchas compañías, y la decisión de la Generalitat, inmersa en pleno debate soberanista, es estrechar estas relaciones. Hace apenas unas semanas, el propio Mas distinguió al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el XXIV Premio Internacional Cataluña.

Mientras el gobierno catalán intenta arreglar el desaguisado provocado por la privatización de la gestora de aguas del Ter-Llobregat, en la vecina Comunidad Valenciana han saltado todas las alarmas, ya que se considera que Cataluña se está haciendo con los ‘buques insignia’ de la región levantina. Símbolos de la ‘valencianidad’ como la CAM están siendo comprados por entidades catalanas. Una historia que se ha repetido con la adquisición de Banco de Valencia por parte de La Caixa y que puede provocar que la empresa que gestiona el agua en la capital del Turia, Aguas de Valencia, pase a la órbita de Aguas de Barcelona.

TE PODRÍA INTERESAR

DEJA UNA RESPUESTA