La nacionalización de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) ha encendido todas las alarmas en las siete cajas fundadoras del grupo, que podrían verse obligadas a desaparecer. Por ello, ya han comenzado a presionar a Rajoy, al que piden, según puntan algunos observadores del sector a EL BOLETÍN, un cambio normativo que asegure su supervivencia.
Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Rioja y Caja Insular de Canarias eran titulares hasta este miércoles del 100% de BFA, pero la conversión del crédito de 4.465 millones de euros otorgado al grupo hace dos años por acciones comunes ha puesto fin a esta situación, aunque el Ministerio de Economía aún no ha aclarado qué porcentaje quedará en las manos del Estado. En principio, serán expertos independientes los que fijen la valoración y las condiciones económicas de la operación de nacionalización.
Tal y como publicaba El País, una vez que se determine el valor de BFA, se pondrá en relación con los 4.465 millones de las participaciones del FROB más los intereses devengados y no satisfechos. Como precedentes inmediatos, el Estado se hizo en septiembre del año pasado con un 93% de Novacaixagalicia y un 90% de CatalunyaCaixa tras aportarles fondos públicos. No obstante, algunos medios dan por hecho que el Estado se quedará con el 100% de BFA.
En el momento en que el Estado supere el umbral del 75% del capital del BFA, y por consiguiente, las cajas pasen a poseer menos de un 25% del mismo, éstas deberán convertirse en fundaciones. En otras palabras, perderán su ficha bancaria y con ello toda posibilidad de realizar cualquier tipo de actividad financiera, al mismo tiempo que quedará completamente en el aire la obra social.
Aunque en el sector se reconoce que la recapitalización de BFA era indispensable para asegurar la subsistencia de la entidad, presionan al Gobierno para que suavice la ley y permita a las entidades fundadoras mantener su naturaleza jurídica como cajas. El límite del 25% de participación en los bancos fue impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy a principios de año, suavizando la anterior normativa que exigía la propiedad de un 50%.
Una pista al respecto la podría haber dado el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que en un reciente encuentro del sector financiero ya apuntó a que en un futuro las cajas deberían estar obligadas a abandonar cualquier participación en un banco. En ese sentido, sugirió “una ley que obligue a las cajas a que, en un plazo razonable, dejasen de participar de forma significativa en entidades de crédito e invirtieran en lo que deseen, quizá con mayor rendimiento, para seguir desarrollando su obra social”.
Lo cierto es que la nacionalización de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) deja más en el aire que nunca la obra social de las cajas fundadoras. Esta labor humanitaria en principio estaba prevista que se financiase a través de los dividendos que pagase el banco, pero la operación ha dado carpetazo a esta posibilidad de modo definitivo.
Sólo en Caja Madrid, la inversión en actividades de carácter social alcanza anualmente los 99,9 millones de euros, de los que 73,3 millones corresponden a obra social propia, y otros 27,6 millones en colaboración con otras entidades.
