CGT apunta que la plantilla de Bankia ha sido “doblemente perjudicada” por las tarjetas ‘black’

Sede de Bankia
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La formación sindical está pesonada como acusación en el juicio por las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid que ha arrancado hoy en la Audiencia Nacional. CGT, sindicato personado como acusación en el juicio por las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid que ha arrancado hoy, espera que “los directivos y los representantes en la entidad de los partidos y los sindicatos implicados respondan por la apropiación indebida de fondos de  Bankia, así como de la aplicación de un ERE que ha significado el despido de cientos de trabajadores de la entidad”.
 
En ese sentido, la formación sindical considera “que han sido las plantillas” de las cajas que conformaron Bankia, entre ellas Caja Madrid y Bancaja, “las perjudicadas en un doble sentido”: “como empleados y empleadas que sufrieron las consecuencias de la reestructuración del sector con múltiples despidos -mediante un polémico ERE firmado por toda la representación sindical, excepto CGT”-.
 
“Y también como ciudadanía que ha sido objeto de conductas carentes de toda ética por parte de una minoría, que ha aplicado políticas antisociales e indiciariamente delictivas hacia el resto una sociedad que reclama, cuanto menos, un resarcimiento de todo el daño causado”.
 
Este 26 de septiembre se ha iniciado en la Audiencia Nacional el juicio por las tarjetas ‘black’ de Bankia, que sienta en el banquillo de los acusados a 66 exconsejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia, entre ellos sus respectivos presidentes, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre uno y seis años de cárcel por delitos de apropiación indebida, así como diversos representantes de los partidos políticos y de los sindicatos CCOO y UGT en la citada caja, que en conjunto se gastaron con las tarjetas negras más de 15 millones de euros.
 
CGT va a actuar en esta causa como acusación popular, bajo representación y dirección letrada propia, que está siendo asumida por el abogado del gabinete jurídico confederal, Raúl Maíllo.