Una de cada tres familias que pide acogerse al código de buenas prácticas es rechazada

Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones
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En los cuatro años y medio en vigor, 40.446 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas de la banca impulsado por el ministro Guindos. Un total de 40.446 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas (CBP) para aliviar su carga hipotecaria en los cuatro años y medio de vigencia del mismo, según las cifras publicadas por el Ministerio de Economía. De estos hogares, 33.765 han obtenido una reestructuración de su deuda y 6.674, la dación en pago.
 
En el primer semestre de 2016, las familias beneficiadas por el CBP ascienden a 9.507, un 30,2% más que en el semestre anterior, según la información remitida ayer al Congreso por la Comisión de Control del CBP. Si se suman el Código de Buenas Prácticas, el Fondo Social de Viviendas (FSV) y la suspensión de los lanzamientos hipotecarios, desde 2012 hasta 70.096 familias se habrían beneficiado de estas medidas:  el FSV ha permitido la celebración de 6.800 contratos de alquiler a precios reducidos y se han suspendido hasta septiembre 22.850 lanzamientos a través de la moratoria hipotecaria. La cifra, no obstante, se encuentra muy lejos de los 120.000 hogares que el propio ministro Luis de Guindos calculó en 2012.
 
Según la información remitida ayer al Congreso por la Comisión de Control del CBP, en los seis primeros meses de 2016 se han registrado 4.000 solicitudes más respecto al semestre anterior, hasta un total de 17.306. El tipo medio de los préstamos de las familias solicitantes fue del 2,85% y la vida media del préstamo de algo más de 22 años. La cuarta parte de las solicitudes recibidas tenían una deuda inferior a los 50.000 euros.
 
De las 16.276 solicitudes cuya tramitación concluyó en el primer semestre de 2016, 9.507 fueron aceptadas y 5.437 –casi una de cada tres- se denegaron por no cumplir los requisitos, ha señalado el ministerio que dirige Luis de Guindos.
 
El CBP se firmó en marzo de 2012 con la práctica totalidad de las entidades con actividad hipotecaria en España, hasta 94 en la actualidad. Su adhesión es voluntaria, aunque una vez firmado el cumplimiento es obligatorio.
 
El objetivo era dar solución a las familias con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas hipotecarias, bien por encontrarse en situación de desempleo o ausencia de ingresos. Se establecieron tres opciones, renegociación de plazos y cuotas con las entidades o reestructuración de la deuda, quitas y dación en pago, con periodos de carencia, amortización hasta 40 años, reducción del tipo de interés aplicable a Euríbor +0,25 puntos e incluso la posibilidad de permanecer en la vivienda mediante el pago de un alquiler reducido.
 
Los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de protección del Real Decreto-ley son los titulares de préstamos o créditos con garantía hipotecaria, que se encuentran con dificultades sobrevenidas para hacer frente a los pagos de sus préstamos, por cuanto los miembros de su unidad familiar no tienen rentas derivadas del trabajo o actividades económicas y las cuotas a pagar superan el 50% o 40% de sus ingresos.
 
Los afectados pueden solicitar una reestructuración de su deuda, una reducción de la misma de modo que disminuya el importe de sus cuotas o, en último término, entregar la vivienda quedando cancelada la deuda.