Las preferentes del sector financiero se han convertido en una ‘bomba política’ que amenaza con estallarle al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. Estos productos, muy populares hace unos años, han dejado atrapados a un buen número de particulares, obligados, en el mejor de los casos, a un canje con la entidad emisora.
En total, circulan en España unos 17.300 millones de euros en estos títulos, de los que la mitad, unos 8.700 millones, queda en el aire con la reforma financiera, ya que el texto aprobado por el Gobierno permite a las cajas congelar el pago de los cupones de estos títulos híbridos, perpetuos y sin apenas liquidez, durante un año, para poder cumplir con los nuevos requisitos de saneamiento y reordenación del sector.
Aunque numerosas entidades han realizado un canje más o menos ventajoso de las preferentes por acciones, en otros casos, como en el de las cajas nacionalizadas, la recuperación de al menos una parte de la inversión es más que dudosa. Sólo entre la CAM, Banco de Valencia, Unnim, CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia tienen en circulación 3.400 millones de euros en estos títulos, colocados la mayor parte en ventanilla a particulares.
En este entorno de malestar creciente entre los clientes, el PSOE ha seguido los pasos del Parlamento gallego y ha exigido al Gobierno que “garantice la liquidez de estas participaciones” con acuerdos con las entidades financieras. Los socialistas creen que hay un millón de personas “mayores defraudadas” con esta práctica.
Si ayer los tres grupos del Parlamento de Galicia pidieron a la Xunta que inste al Banco de España y a la CNMV a que solucione el problema de las preferentes, hoy ha sido el PSOE el que ha exigido dar una salida al “laberinto” en el que se han visto metidos los suscriptores de estas participaciones.
Aprovechando la coyuntura de la aprobación de la reforma financiera en el Congreso, el vicepresidente primero de la Comisión de Economía, el socialista Antonio Hurtado, ha presentado una proposición no de ley con la que se reclama a Mariano Rajoy a “garantizar la liquidez” de estos productos financieros.
Para ello, el PSOE ha puesto sobre la mesa lo que aseguran que puede ser “la única solución”: un acuerdo con las entidades financieras con el que los suscriptores de estas participaciones puedan cobrarlas en su totalidad si lo desean. Y es que, para los socialistas los bancos y cajas son los grandes culpables de la situación del millón de clientes que cuantifican que tienen preferentes por valor de más de 10.000 millones de euros.
Estos, según Hurtado, han dado unos productos a “pequeños ahorradores” y “personas mayores” sin la suficiente información de sus riesgos y desconociendo que no iban a poder contar con sus depósitos.
Por ello, además de garantizar su cobro, los socialistas piden al Gobierno que se “regule y controle” las operaciones de canje. “A veces no dan otra alternativa” y priorizan esta práctica “por mero interés de la entidad”.
Asimismo, Antonio Hurtado ha recomendado que se facilite asesoramiento financiero a los afectados, además de imponer las medidas suficientes para informar de las características y riesgos de estos productos.
Las participaciones preferentes conceden a sus titulares el derecho a percibir un dividendo variable preferente y no acumulativo, pagadero por trimestres vencidos, siempre que existan beneficios distribuibles. Estos títulos tienen carácter perpetuo, es decir, no tienen vencimiento.
