Aumenta la tensión entre Competencia y la CMT

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La bronca entre la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) sube de tono coincidiendo con los nuevos planes del Gobierno, que prepara un drástico recorte de los reguladores.

Si hace unos días, Competencia consideró que la CMT debería haber introducido una rebaja más intensa y rápida de los precios mayoristas de la telefonía móvil, ahora eleva el tono a raíz del expediente sancionador contra Abertis. En esta resolución, el organismo que preside Joaquín García Bernaldo de Quirós acusa al regulador de las ‘telecos’ de causar graves perjuicios al interés general.

El origen de estas críticas se encuentra en un informe determinante que Competencia solicitó a la CMT hasta en dos ocasiones, pero hizo “oídos sordos”. “No se puede entender la conducta del regulador sectorial”, apunta la CNC en la resolución. Precisamente, a juicio de Abertis la ausencia de este documento constituye un “importante defecto de forma durante la tramitación del expediente porque habría aportado una valoración relevante para enjuiciarlo debidamente”.

En definitiva, para Competencia este hecho ha constituido “un flagrante incumplimiento del deber de lealtad y colaboración entre dos organismos de la misma Administración territorial”.

Además de cuestionar la actuación de la CMT en este proceso, este organismo recuerda, que según la Ley de Competencia Desleal el supervisor de las telecomunicaciones no es “un instrumento de control, ni de revisión o fiscalización de la actuación de la CNC, sino de colaboración técnica con ella en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas”.

Ayer, Competencia impuso una multa de 13,5 millones de euros a Abertis por impedir el acceso de terceros a sus centros de interconexión para retransmitir señales de TDT. En concreto, el organismo establece que el grupo ha abusado de su posición de dominio al imponer unos precios por el uso de sus infraestructuras que estrechan los márgenes de sus competidores hasta el punto de hacer económicamente inviable su actividad. La sanción, que se produce casi dos años después de que se abriera una investigación por la denuncia de la compañía de satélites Astra.

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