Carlos Egea, único presidente de una caja con ayudas que puede subirse el sueldo

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Carlos Egea, presidente de Banco Mare Nostrum (BMN) es el único presidente de una caja que ha recibido ayudas públicas que podrá subirse el sueldo sin incumplir la ley, según la reforma que ha anunciado hoy el ministro de Economía, Luis De Guindos, tras la celebración del Consejo de Ministros. El resto, incluido Rato, verá como sus estipendios se recortan hasta en un 75%.

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy un recorte en los sueldos de los consejeros y alta dirección de las entidades que hayan recibido ayudas públicas. En concreto, para aquellas que hayan recibido apoyo financiero (FROB 1) y aún no lo hayan devuelto, la retribución de los consejeros no ejecutivos se limitará a 100.000 euros.

En lo que respecta a la alta dirección (presidentes y consejeros delegados) de estas entidades, el salario fijo máximo se fijará en 600.000 euros, que se traduce, según el ministro de Economía, Luis De Guindos, en una reducción del 67% de media en el caso de los presidentes y del 65% en los consejeros delegados. El sueldo variable se suspenderá, y en un plazo de tres años, se podrá recuperar según el cumplimiento de los objetivos.

Carlos Egea, presidente de BMN, es el único que se mantiene dentro de este umbral, ya que el año pasado ganó 456.000 euros. El banco liderado por Cajamurcia recibió 918 millones de euros de ayudas públicas.

Menos suerte tendrá Rodrigo Rato, que el año pasado se embolsó 2,34 millones, incluidas las aportaciones a planes de pensiones, por su labor al frente de Bankia, entidad que recibió, cuando aún era Banco Financiero y de Ahorros (BFA) 4.465 millones en ayudas públicas. Francisco Verdú, el consejero delegado, se llevó 2,26 millones, mientras que Francisco Norniella, vicepresidente de Bankia, percibió una remuneración de 790.000 euros.

Dentro del banco surgido de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades de menor tamaño, no sólo la alta dirección tendrá que recortar sus sueldos. Es el caso por ejemplo de José Antonio Moral Santín, histórico diputado de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, y que obtuvo una retribución en 2011 de 526.00 euros. Con la nueva legislación, no podrá cobrar más de 100.000 euros.

Antonio Pulido y Enrique Goñi, co presidentes de Banca Cívica, también deberán recortar significativamente sus salarios para adaptarse a la nueva normativa. Ambos ganaron 900.000 euros en 2011, a pesar de que la entidad recibió 977 millones de euros para acometer la reestructuración necesaria por su fusión. El que no se sabe cuánto deberá recortar su sueldo es Evaristo del Canto, que se acogió a la ley de protección de datos para no hacer pública su remuneración. En todo caso, De Guindos ha señalado que deberá cumplir la nueva normativa igual que el resto.

Cajas intervenidas

Más drástico aún será el recorte en los sueldos de las cajas que han sido intervenidas tras recibir inyecciones de capital del FROB. En estos casos, el salario anual de los consejeros no ejecutivos se reducirá a un fijo anual de 50.000 euros. Para la alta dirección el sueldo máximo será de 300.000 euros, una reducción de media del 76% en el caso de los presidentes y del 66% en los consejeros delegados.

El más afectado por esta medida será Adolfo Todó, presidente de CatalunyaCaixa, que ganó en 2011 1,53 millones de euros. Su consejero delegado, Jaume Masana, se llevó 860.000 euros. El pasado 30 de septiembre, el FROB inyectó 1.718 millones de euros en la entidad catalana, que ya había recibido 1.250 millones en ayudas del FROB 1.

José María Castellano, presidente de Novagalicia, deberá bajarse el sueldo a un tercio respecto a los 900.000 euros que ganó en 2011. Su consejero delegado, César González Bueno, había ganado 890.000 euros. El banco de las cajas gallegas fue nacionalizado por el Banco de España tras recibir 2.465 millones de euros de capital público. Ya se le habían prestado 1.162 millones de euros.

De Guindos ha indicado que la misión del Gobierno “no es fijar los sueldos del sector privado, sino que aquellas entidades que han recibido ayudas públicas tengan retribuciones que garanticen que las finalidades que pretendían lograr dichas ayudas se cumplan, y que sean ejemplo para una sociedad sometida a muchos sacrificios”.

Otro de los puntos que trata la reforma financiera se refiere a la mejora del gobierno corporativo de las cajas de ahorros. Tras el traspaso del negocio financiero a los nuevos bancos, se eliminarán todas las comisiones y sólo permanecerán los consejos de administración y las asambleas, medida que no supondrá un recorte en el número de consejeros.

Además, el 90% de los ingresos que reciban las cajas por vía de dividendos de los bancos deberá destinarse a financiar la obra social, dejando sólo un 10% para el resto de partidas. Por otro lado, las cajas deberán ser titulares de al menos el 25% de los bancos a los que han traspasado su negocio financiero. Si bajan ese umbral, deberán convertirse en fundaciones. La legislación anterior estipulaba el mínimo en el 50%.

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