Barack Obama se encuentra en estos momentos con una fuerte oposición a la hora de llevar a cabo varias promesas electorales. En un principio, el mayor detractor de Obama es Dick Cheney, ex vicepresidente del país durante la legislatura de Bush y nuevo líder del sector más conservador de la sociedad ante el rechazo que ha generado Sarah Palin en el Partido Republicano.
Los primeros ataques hacia Obama provinieron precisamente de Cheney el pasado martes 3 de febrero, dos semanas después de que el nuevo presidente accediese al Despacho Oval de la Casa Blanca, el 20 de enero de 2009. El que fue segundo de Bush otorgó una entrevista a la publicación Político en la que afirmaba que “la nueva Administración está más preocupada en leerle los derechos a los terroristas que en proteger al país de posibles ataques”.
Estas declaraciones no sentaron bien en la Administración de Obama y el primero en tildarlas de “desafortunadas” fue el actual director de la CIA, Leon Panetta, el pasado jueves 5 de febrero ante la Comisión de Inteligencia del Senado, ocho días antes de ser elegido el máximo responsable del espionaje estadounidense.
La política ofensiva de Cheney hacia el mandatario estadounidense tan sólo unos pocos días después de ocupar éste el cargo podría suponer una defensa de su propia gestión durante los últimos años si se tiene en cuenta la petición que el propio exvicepresidente hizo a George W. Bush días antes de que abandonase la presidencia para que Lewis Libby obtuviese el perdón presidencial. Libby fue acusado en 2007 de cuatro delitos de perjurio y obstrucción a la justicia al relevar la identidad de una agente de la CIA con claras intenciones de evitar investigaciones relacionadas con la política bélica de EEUU en Irak.
Posteriormente, el pasado mes de abril, en concreto el día 28, la propia Comisión de Inteligencia del Senado pidió la comparecencia de Cheney para esclarecer la conducta que tuvo la Administración Bush con las polémicas torturas en cárceles iraquíes y en Guantánamo. Por su parte, el exvicepresidente afirmó que las torturas eran permitidas “por el bien de la nación”, además de reafirmarse en sus acusaciones iniciales atacando personalmente a Obama, llamándole “delicada orquídea de Harvard”, y atacando, además, a John McCain, instándole a que abandonase el Partido Republicano junto a Alan Specter.
Sin embargo Cheney se ha guardado las espaldas, acusando a Nancy Pelosi, presidenta del Congreso de EEUU, y demócrata, de tener constancia de las torturas que se cometieron durante la Administración Bush. Aunque Pelosi haya negado saberlo cuando Cheney la acusa de tener este conocimiento y haya asegurado que, tal y como le presentaron los hechos los republicanos, ella pensó que era lo mejor para EEUU.
Además, el pasado jueves 21 de mayo, en una conferencia dada entre el American Enterprise Institute, una institución de carácter privado, Cheney volvió a acusar a Pelosi de saber lo mismo que él y repitió que sus acciones iban destinadas a proteger al país, una defensa hecha por “auténticos patriotas”.
El ataque de Cheney a la Administración de Barack Obama ha logrado, según los expertos, volver a otorgar un líder al Partido Republicano, descabezado desde la aplastante derrota de McCain en las últimas elecciones generales, un nuevo líder que, además, crece en popularidad. Ante los apoyos que Obama estaba consiguiendo entre el sector republicano más moderado, como por ejemplo el de Colin Powell, ex Secretario de Estado hasta el año 2005, que el pasado domingo comunicó públicamente que Cheney desobedeció órdenes de Bush en cuanto al trato a prisioneros sospechosos de terrorismo, el exvicepresidente de EEUU se ha erigido como el nuevo líder del sector más conservador del partido sustituyendo así a Sarah Palin, la ultra católica mano derecha de John McCain durante la última campaña electoral y gobernadora de Alaska, que finalmente se fue desgastando como figura pública republicana a lo largo de los meses previos a las elecciones.
Además, a este enfrentamiento liderado por Cheney se ha sumado la industria de las aseguradoras en EEUU, que a pesar de haber mantenido conversaciones con Obama para llevar a cabo una reforma sanitaria que consiga controlar los precios de las atenciones médicas, hace unos días la asociación de hospitales –que pertenece a este lobby- declaró que no se había comprometido a reducir el ritmo al que está aumentando el precio de la asistencia sanitaria, un 1,5% anual.
El principal motivo para que las aseguradoras tengan intenciones, según analistas estadounidenses como Paul Krugman, de comenzar además una campaña de difamación contra Obama, es la opción pública que éste quiere instaurar en EEUU. Esta consistiría en dar cobertura sanitaria universal a toda la población afincada en el país a través del Gobierno, lo que supondría una alternativa a la sanidad privada. Esto, obviamente, significarían menos ingresos económicos para la misma.
Según datos del 2007, unos 45 millones de personas (lo que supone un 15,2% de la población total de EEUU) carece de atención médica pública o privada. Mientras, el esfuerzo económico conjunto, que se realiza entre administraciones, compañías y familias, supone un importe anual de 1,8 billones de dólares, lo que significa un 15,3% del Producto Interior Bruto (PIB).
