Pastor reconoce que aun no ha llegado a ningún acuerdo con los bancos para rescatar a las autopistas

Ana Pastor, ministra de Fomento
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Las diferencias entre ambas partes radican en el tipo de interés que se aplicará a estas vías al devengar el bono a treinta años en el que se les queda la deuda, tras aplicar la quita del 50%. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha reconocido que en las negociaciones entre los bancos y el Ministerio “sigue sin haber un punto de confluencia” respecto del rescate de las ocho autopistas de peaje que se encuentran al borde de la quiebra.

Las diferencias entre ambas partes radican en el tipo de interés que se aplicará a estas vías al devengar el bono a treinta años en el que se les queda la deuda, tras aplicar la quita del 50% a los 3.400 millones de euros que deben.

Pastor ha asegurado que “alguna solución hay que encontrar”, porque si estas autopistas llegan a quebrar, el Estado asumirá un coste de 4.000 millones de euros, debido a que los contratos de concesiones de las vías reconocen una responsabilidad patrimonial de la Administración ante estas infraestructuras.

Por ello, Fomento “sigue reuniéndose con los bancos y las sociedades de las autopistas para intentar llegar a una solución”, según ha declarado la ministra durante su intervención en la clausura del IX Encuentro del Sector de las Infraestructuras, organizado por Deloitte.

Y es que, la propia Pastor prometió a los españoles el mes pasado que este rescate no costaría ni “un sólo euro al Estado”, y, en caso contrario “no habrá solución”, sentenciaba la ministra ante este problema.

Nueva Ley de Carreteras

Paralelamente, la ministra de Fomento ha anunciado que su equipo llevará una nueva Ley de Carreteras al Consejo de Ministros, en la que se obligue a realizar análisis de viabilidad en el anteproyecto de una nueva carretera y en la que se promuevan los “itinerarios de interés general”, es decir, las nuevas conexiones entre puntos que necesiten enlaces, como los centros logísticos.

Asimismo, la normativa pretende atraer capital privado para la construcción de aparcamientos y áreas de servicio en las autovías e incentivar la implantación de “sistemas inteligentes para reconocer y controlar las características del tráfico en la red de carreteras españolas”.

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