Los directivos de las cajas cuentan con una artimaña legal para no publicar sus sueldos

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Las cajas de ahorros que han recibido ayudas públicas tienen hasta mañana 31 de diciembre para hacer públicos los sueldos individualizados de sus cúpulas directivas. Sin embargo, cuentan con una bala en la recámara, ya que pueden acogerse a la Ley de Protección de Datos para no tener que difundir estas cifras.

Fuentes jurídicas consultadas por EL BOLETÍN han confirmado que los grupos de las cajas pueden acogerse a esta artimaña legal sin problemas, a pesar de que algunos clientes habían adelantado que demandarían a las entidades que no publicasen los datos, por impedir el derecho a la información.

El Banco de España estableció por circular que cada uno de los miembros del consejo y del comité de dirección de las entidades con dinero público deberían especificar la remuneración fija y variable, las cláusulas de blindaje, pensiones, créditos o retribución en acciones, entre otros emolumentos. No obstante, los afectados por dicha medida tienen la potestad de aceptar la publicación de dichos datos de carácter personal o especificar, por el contrario, que no lo hacen.

Bankia, Banca Cívica, Banco Mare Nostrum (BMN), Caja España-Duero, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Unnim son las siete entidades a las que el Banco de España reclama esta información.

Las siete entidades esperarán, como poco, al cierre de mercado de hoy para colgar en sus páginas web corporativas el informe de relevancia prudencial con la información sobre las retribuciones de su cúpula.

Ante el temor de que finalmente no se conozcan las retribuciones de los directivos, ha surgido un movimiento entre los colectivos de clientes y depositantes de las cajas nacionalizadas para intentar evitar que estos directivos consigan el propósito que parecen tener.

Algunos, incluso, han llegado a remitir una carta al director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), José Luis Rodríguez Álvarez, y al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la que solicitan que se ampare el derecho a dar y recibir la información sobre estos salarios.

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