Liberbank acatará lo que dictamine la Comisión Mixta Interpretativa del Convenio Colectivo respecto a las ayudas de guardería de los empleados. La celebración el martes de una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) aprobado en diciembre del año pasado ha vuelto a poner al descubierto el enfrentamiento que Liberbank mantiene abierto con los sindicatos, incluidos los que firmaron dicho ajuste. Las principales protestas de los representantes de los trabajadores se centran en dos aspectos, fundamentalmente: los traslados de personal, y las ayudas de guardería.
En el caso de las medidas de movilidad geográfica, en principio estaban previstas para los empleados de las sucursales cerradas dentro del plan de reestructuración de Liberbank aprobado por Bruselas. Sin embargo, los sindicatos acusan a la dirección de estar utilizando estas medidas para forzar las bajas de los trabajadores más vulnerables, aquellos cuyas indemnizaciones en caso de baja serían más reducidas y que por motivos personales o familiares tendrían más difícil aceptar un traslado a otra ciudad.
“La empresa estima que las oficinas afectadas por cierre son tanto la que realmente se cierra como la receptora del negocio, por lo que aplica los criterios que ha estimado oportunos para seleccionar a los afectados entre las dos plantillas”, explica la sección sindical de CSIF en un comunicado. El sindicato es más bien de la opinión de que “el criterio que realmente se ha utilizado es el de provocar el abandono de la empresa de empleados cuya indemnización sea menos costosa”.
La entidad decretó 70 traslados con efecto a 1 de septiembre, la mayoría de los cuales desde centros situados en lugares como Málaga, Levante o Cataluña hasta destinos como Asturias y Cantabria. Según los cálculos de CSIF, al menos 23 de estos traslados no se ajustaron al acuerdo.
No es la primera vez que el asunto levanta ampollas entre los sindicatos. El pasado mes de agosto, CSICA ya acusó a Liberbank de usar “de forma recurrente” la movilidad geográfica “como arma arrojadiza para que centenares de trabajadores pidan la baja de la entidad, y con ello, la amortización de cientos de puestos de trabajo”. Para la formación, esta conducta, que califica de “lamentable”, constituye un “claro supuesto de abuso de derecho”.
CSIF considera que “no queda más remedio que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento de lo pactado, para lo cual CSIF reitera el ofrecimiento de soporte jurídico”.
Otro asunto que ha provocado un enfrentamiento entre Liberbank y los sindicatos es el de las ayudas de guardería, después de que el banco que preside Manuel Menéndez haya obligado a los trabajadores que todavía tienen derecho a esta prestación a presentar justificantes. En la reunión del pasado martes, la dirección mantuvo la exigencia de esta justificación, que no está contemplada en el Convenio. No obstante, Liberbank ha aclarado que acatará lo que dictamine la Comisión Mixta Interpretativa del Convenio Colectivo, a la que se le ha solicitado su intervención.
