Esta semana termina el plazo para que los bancos de las cajas que han recibido ayudas públicas saquen a la luz los sueldos de sus cúpulas directivas, y tanto clientes como sindicatos han comenzado a movilizarse para impedir que los ejecutivos se aprovechen de la Ley de protección de datos para ‘escurrir el bulto’.
Las cajas de ahorros que han recibido ayudas públicas tienen hasta el próximo 31 de diciembre para decidir si publican los sueldos de su cúpula de manera individualizada o se acogen a la Ley de protección de datos para no difundir la información.
El Banco de España ha establecido por circular que cada uno de los miembros del consejo y del comité de dirección de las entidades con dinero público deberá especificar la remuneración fija y variable, las cláusulas de blindaje, pensiones, créditos o retribución en acciones, entre otros emolumentos.
No obstante, los afectados por dicha medida deberán aceptar la publicación de dichos datos de carácter personal o especificar, por el contrario, que no lo hacen, posibilidad que se baraja en diversas cajas, según publica Europa Press.
Ante el temor de que finalmente no se conozcan las retribuciones de los directivos, ha surgido un movimiento entre los colectivos de clientes y depositantes de las cajas nacionalizadas para intentar evitar que estos directivos consigan el propósito que parecen tener. Algunos, incluso, han llegado a remitir una carta al director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), José Luis Rodríguez Álvarez, y al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la que solicitan que se ampare el derecho a dar y recibir la información sobre estos salarios.
En la misma línea, Comfia CCOO., la Federación de Servicios Financieros del sindicato, ha reclamado al Banco de España el desarrollo de normas que relacionen proporcionalmente las retribuciones con la marcha de las entidades “y que éstas se limiten, sobre todo, en aquellas entidades que han recibido ayudas públicas”.
El sindicato envió el pasado mes de noviembre una carta al Ministerio de Economía, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que reclamaba a dichas instituciones que ejerzan control sobre las retribuciones de los gestores del sector financiero.
En concreto, reclamaba al organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez “fijar un límite absoluto a la remuneración total e individual” en las cajas que han recibido respaldo público para su reestructuración y saneamiento, en línea con lo sucedido en otros países.
