Rajoy ha dado un plazo a Luis De Guindos de seis meses para finalizar el plan de reestructuración de las cajas de ahorros, y todo parece indicar que el nuevo ministro de Economía dejará esta peliaguda labor en manos del actual gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que concluirá su mandato en junio.
En un principio se puso en duda que Ordóñez fuese a terminar su mandato al frente del supervisor bancario, dado su conocido pasado socialista, ya que fue secretario de Estado de Economía de 1982 a 1986 en el Gobierno de Felipe González, y secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos en el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, su nombramiento como gobernador del Banco de España desató críticas en las filas populares allá por 2006.
Sin embargo, parece que la sucesión de Ordóñez no se concretará hasta el mes de julio, sin que el Gobierno se arriesgue a ningún giro de volante que pueda afectar de nuevo a la credibilidad del sector bancario español, en precario equilibrio después de tres años de crisis.
Sobre la mesa del gobernador se acumula así pues el trabajo para acabar de sanear al sector financiero, si bien todavía existen dudas de cómo se realizará este proceso. De Guindos y Rajoy han abogado públicamente por una nueva oleada de fusiones que deje sólo media docena de grandes entidades, aunque la posibilidad de crear un ‘banco malo’ que aglutine los activos tóxicos, una medida que favorecería sobre todo a Bankia, aún no está descartada, a pesar de la oposición frontal de la gran banca.
Lo más urgente será dar salida a las entidades rescatadas por el Estado, en un proceso que por el momento seguirá el modelo de subasta de la CAM, entregada al Sabadell por un precio simbólico de un euro tras recibir más de 5.000 millones de euros del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). La siguiente a la que se le buscará comprador es a Unnim, para la que se escucharán ofertas hasta mediados de enero, y posteriormente se subastará Banco de Valencia, siempre que la entidad no logre encontrar antes un socio que le permita salir de las garras del Estado.
También han de resolverse los casos de CatalunyaCaixa y Novagalicia, aunque para ello el Gobierno deberá modificar la actual normativa que concede a las cajas fundadoras un plazo de un año para recomprar al Banco de España sus participaciones en los nuevos bancos surgidos tras sus nacionalizaciones.
Junto a estas operaciones, el mercado bulle ya de rumores que apuntan a la segunda oleada de fusiones en el sector, tras la absorción del Pastor por parte del Popular.
