Lo dijo durante su intervención en el ‘webinar’ ‘Fondos europeos para la economía de los cuidados’, organizado por Ilunion Comunicación Social, del Grupo Social ONCE, en la que recordó que la puesta en marcha del Plan de Choque del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, aprobado por el Gobierno y los agentes sociales el pasado mes de enero, incluye un incremento de la financiación del sistema de dependencia de, al menos, 600 millones de euros, lo que permitió “revertir los recortes aplicados en 2012”.
Por ello, mostró su confianza en que este refuerzo presupuestario se pueda mantener en los Presupuestos Generales del Estado de 2022.
A su vez, expuso que “España se ha propuesto liderar la transición social en la economía de los cuidados, que son una parte fundamental en las sociedades”, tal y como lo ha puesto de manifiesto la pandemia del coronavirus, especialmente en todo aquello relacionado con los cuidados de larga duración que reciben las personas mayores y las que se encuentran en situación de dependencia.
Subrayó que el debate en torno a los fondos europeos se centra en la “revolución digital y verde”, si bien avisó de que “estas sólo prosperarán si van de la mano de la transición digital”.
Esto le dio pie a explicar que su departamento tiene como objetivo desarrollar políticas que permitan “construir una sociedad más equitativa, también desde la perspectiva de la equidad intergeneracional”.
Para ello, se pondrá en marcha, con cargo a los fondos europeos, un plan de choque de economía de los cuidados, dotado con 3.000 millones de euros a lo largo de la legislatura, divididos en mil millones al año, que tendrá como fin “la modernización de los servicios sociales y el refuerzo de las políticas de cuidados y apoyo, promoviendo la innovación en el Tercer Sector, en las Administraciones Públicas, y un modelo de atención centrado en la persona más moderno, más polivalente y centrado en una atención personalizada”.
Ese plan de choque, detalló Nacho Álvarez, constará de tres ejes: la transformación del modelo residencial en uno más centrado en la atención domiciliaria; la modernización y mejora de la calidad de los servicios públicos; y la puesta en marcha del Plan España País Accesible.
El secretario de Estado de Derechos Sociales afirmó que la apuesta por la economía de los cuidados no representa un gasto, sino que se erige como “sinónimo de creación de empleo de calidad que beneficiará a las mujeres, por ser un sector muy feminizado, y contribuirá a revertir la despoblación de la llamada España vaciada”.
A ello se suma el hecho de que los fondos europeos representan una “oportunidad histórica” para “dar un fuerte empujón a la construcción del cuarto pilar del estado del bienestar, por lo que el cambio en la orientación de los cuidados es más importante que la propia inversión”.
Por último, señaló que “las duras consecuencias de la pandemia” han de ser un “aprendizaje para no incurrir en los mismos errores”, por lo que “se impone la obligación de desarrollar políticas de cuidados acordes al siglo XXI, basadas en la autonomía, la participación, la dignidad humana”.
