La reunión extraordinaria que celebrará hoy la Junta Directiva de la SGAE, para decidir el futuro de su secretario general Pablo Hernández, puede marcar un punto de inflexión en la ya larga crisis que atraviesa esta sociedad de gestión. Dentro de unas horas, la Junta Directiva de la SGAE debe tomar una decisión de gran calado. Una más en la interminable crisis que vive esta sociedad de gestión desde que en julio de 2011, una investigación judicial provocara un cambio en la cúpula y la anulación de unas elecciones que acababan de celebrarse.
Los 39 miembros de este cónclave decidirán hoy si el actual secretario general de la institución, Pablo Hernández, debe ser despedido, tras haberse conocido, gracias a recientes informaciones periodísticas, que asesoró ilegalmente a Kiss FM en un litigio contra Onda Cero que permitió a la cadena de Blas Herrero embolsarse 205 millones de euros.
Hernández cobró 200.000 euros por su trabajo, aunque lo hizo a través de una empresa de su esposa. Este abogado era en aquel tiempo el jefe de los Servicios Jurídicos de la SGAE y no podía intervenir en un pleito en el que participaban dos clientes de la sociedad de gestión.
La convocatoria de esta Junta Directiva se produce a instancias del actual presidente de la SGAEJosé Luis Acosta, una vez que el Consejo de Dirección, fue incapaz de tomar una decisión sobre el asunto.
Ahora, según varias fuentes consultadas por este diario, la cuestión a debatir no es ya el despido de Hernández, que se da casi por seguro. Se trata de saber si se le paga o no la indemnización de 500.000 euros que le correspondería al ser cesado.
Los miembros de la Junta Directiva se jugarían mucho en este envite, en el que incluso podrían llegar a incurrir en responsabilidades penales si aceptaran conceder la indemnización a Hernández y se demostrase luego que no tenía derecho a ella, como todo parece indicar, según algunos autores.
Además, si la SGAE paga la indemnización de Hernández puede encontrarse con la desagradable sorpresa de que Atresmedia, el grupo propietario de Onda Cero, emprenda acciones judiciales contra la institución por haber permitido el comportamiento ilegal de uno de sus responsables. Una acción que pudo costarle a la cadena de radio la factura millonaria de la que hablábamos antes.
También hay quien asegura que si el Consejo de Dirección no despidió directamente a Hernández, como podría haber hecho en ejercicio de las funciones que le conceden los estatutos, y dejó el asunto en manos de la Junta Directiva, fue para darle tiempo al actual secretario general, de modo que pudiera preparar su defensa.
Un tiempo que Hernández habría empleado, en opinión de estos autores, en multiplicar sus contactos con los directivos y su entorno para explicar que «los dirigentes de la SGAE supieron en todo momento lo que estaba haciendo», cuando aceptó aquel trabajo. Es decir que, según Hernández, los responsables que la sociedad de gestión tenía entonces le habrían ‘autorizado’ a saltarse las reglas para favorecer a Kiss FM sobre Onda Cero.
Al parecer Hernández, según esta versión, daría por descontado su despido, pero pretendería cobrar la indemnización. Algo que varios grupos de socios, también muy activos en las horas previas a esta Junta Directiva de máxima tensión, tratarían de evitar por todos los medios.
