Abertis cifra en 2.603 millones de euros la ‘factura’ que le debe el Estado por las inversiones realizadas en la autopista AP-7 y los descuentos aplicados en el peaje de la vía, en función de un acuerdo alcanzado en 2006 con el entonces Gobierno socialista.
En virtud de este pacto, la empresa se comprometía a realizar obras de ampliación y mejoras en el referido tramo de la autopista AP-7 y a aplicar descuentos en los peajes. Por su parte, el Estado se comprometía a asumir el riesgo del tráfico de la autopista si el volumen de usuarios no alcanzaba ciertos niveles.
Según informa Europa Press, Abertis calcula un importe de 835,95 millones por las obras de mejora y ampliación que el grupo, a través de Acesa, realizó en la vía, mientras que los 1.767 millones restantes corresponderían a la compensación acumulada desde entonces por el descenso del volumen de tráfico.
El Ministerio de Fomento deberá abonar la primera de estas cuantías en cuando concluya el plazo de concesión de la autopista, que explota los tramos de la AP-7 Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol y Zaragoza-Mediterráneo, lo que ocurrirá en el año 2021.
En cuanto a la cantidad relacionada con el tráfico, su pago en ese mismo año está pendiente de lo que decida el Tribunal Supremo, instancia judicial a la que ha desembocado el desacuerdo y el contencioso que Abertis y Fomento mantienen por esta cuantía desde 2011. A comienzos del año pasado, Abertis logró una sentencia favorable por parte del Tribunal Superior de Justifica de Madrid, pero el departamento que dirige Íñigo de la Serna recurrió el fallo ante el Alto Tribunal.
Si el Supremo ratifica al juez de Madrid y dicte sentencia a favor de Abertis, el Estado tendría que abonar al grupo en 2021 el importe que corresponda entonces, pues las dos cuantías van incrementándose cada año.
En un informe, Abertis reitera su disposición a “procurar llegar a una solución con la Administración que proteja sus intereses”, aunque ratifica que, “si no fuera posible, los defenderán como proceda ante todas las instancias posibles de los Tribunales de Justicia”. La concesionaria mantiene este litigio con Fomento mientras la compañía es objeto de la ‘batalla’ de OPAs que ACS y la italiana Atlantia libran por lograr su control.
