El equipo de Rajoy defiende que el fracasado Eurovegas no supuso gasto alguno para las débiles arcas públicas del Estado. Tampoco se habría hecho nada por modificar la ley antitabaco, tal y como se desprende de sus respuestas a un parlamentario de la oposición. El fallido proyecto de Eurovegas no ocasionó ningún coste a las arcas del Estado. Esa es la tesis que el Gobierno defiende en el Congreso ante las preguntas de la oposición. El equipo de Mariano Rajoy dice ahora que ni siquiera inició trámite alguno para modificar la ley antitabaco, tal y como exigía el magnate de los casinos Sheldon Adelson.
La defensa del coste cero que en otros momentos habían aireado algunos miembros del Gobierno nacional ha llegado ahora formalmente a modo de respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado Calos Martínez Gorriarán, de UPyD. El político interrogaba al Ejecutivo sobre «cuánto dinero» se había gastado para promover el fracasado complejo de ocio y juegos de azar «incluidas negociaciones, trámites administrativos y viajes al exterior».
En la respuesta se puede leer que «el Estado no ha gastado dinero en negociaciones o trámites administrativos relacionados con el proyecto Eurovegas». Sin embargo, a renglón seguido se precisa que en realidad se llevaron a cabo dos viajes con el objetivo principal de estudiar la viabilidad del proyecto en territorio español y después en la Comunidad de Madrid, siguiendo los deseos de Adelson. Se trata de una reunión en Bruselas con el equipo del comisario de Competencia y el desplazamiento del secretario de Estado de Comercio a Las Vegas, acompañando a los representantes oficiales de Madrid y Cataluña; las dos regiones que en principio competían por llevar el proyecto a su territorio.
Las indagaciones del diputado magenta iban un paso más allá y solicitaban al Gobierno información sobre si en algún momento se llegó a negociar con el magnate estadounidense y sus hombres la derogación de la ley antitabaco que prohíbe fumar en espacios públicos cerrados. Sobre este punto, la bancada que dirige Mariano Rajoy responde que «no hubo una petición formal por parte de Las Vegas Sands en forma de exigencias o condiciones, sino consultas sobre el encaje de ciertos elementos de su potencial inversión dentro del marco jurídico español y europeo». Algo que, se defiende, «hacen habitualmente otros inversores extranjeros».
Si bien se reconoce que las consultas tuvieron lugar desde el año 2012 y hasta bien entrado el 2013, se explica que «no hubo tramitación legislativa alguna» porque «lo fundamental es preservar la salud de los ciudadanos». Un discurso que no siempre se tuvo tan claro cuando la ministra de Sanidad, Ana Mato, calificaba de «irresponsable» no estar abierta a valorar todas las opciones para facilitar la llegada de un proyecto que permitiría una «alta creación de empleo».
Más allá de la cuestión del tabaco, punto al que muchos observadores apuntan como motivo del desencuentro final entre la Administración Pública española y el equipo de Las Vegas Sands -la compañía de Adelson-, el Gobierno sí que movió varias fichas para facilitar el desembarco del emporio de los juegos de azar en territorio español. Entre otros asuntos se redujeron los impuestos a las plusvalías del juego y se crearon deducciones sobre otros impuestos, también en el tramo regional por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, para proyectos de creación de empleo y riqueza como el que se suponía que iba a ser el Eurovegas de Alcorcón.
