Diversos cambios en la metodología de cálculo de referencias como el PIB o la EPA darán un balón de oxígeno al Gobierno. Los síntomas de recuperación de la economía española comienzan a afianzarse y los expertos se han lanzado a elevar sus previsiones sobre España. Sin embargo, no toda la mejoría responderá realmente a un crecimiento del PIB o una reducción del paro y el déficit público, sino que será en parte por diversos cambios en la metodología de cálculo de estas referencias que darán un balón de oxígeno al Gobierno.
Uno de los cambios estadísticos más relevantes es el que se refiere a la Encuesta de la Población Activa (EPA), la referencia más fiable para medir la evolución del paro en España. Si bien el ministro de Economía, Luis de Guindos, defendió recientemente en el Congreso que el cambio en la metodología de elaboración se ha realizado “con total transparencia” por los técnicos del Instituto Nacional de Estadística (INE), y que se debe a la recomendación de Eurostat de que todo cambio en el censo que afecte a la ocupación sea incorporado a las estadísticas, ya ha despertado algunas sospechas en la oposición.
En concreto, el portavoz de Economía del PSOE, Valeriano Gómez ya ha mostrado sus temores de que el Gobierno “termine cediendo a la tentación de cargar demasiado la suerte” como sucedió en 2002, cuando el Ejecutivo presidido entonces por José María Aznar revisó el método de elaboración de la EPA y “los ocupados subieron de un plumazo en más de un millón de persona y los parados bajaron por la misma suerte en nada menos que 350.000 personas”.
La metodología, aprobada por unanimidad en el Consejo Superior de Estadística, del que forman parte CCOO, la CEOE, el Consejo de Consumidores y Usuarios, la Federación de Periodistas, el Banco de España, el INE y varios ministerios, incorpora nueva base de población según el censo de 2011, que recoge un aumento de la población de 400.000 personas.
Al tiempo que el dato de paro se reducirá por puro efecto contable, el Producto Interior Bruto (PIB) será revisado al alza, en esta ocasión por obra y gracia de Eurostat. El principal cambio se refiere a la reclasificación de la partida de Investigación y Desarrollo (I+D), que en otoño dejará de considerarse un gasto para ser clasificado como capital.
También se modificará la contabilización de los bienes que se mandan al extranjero para ser procesados y posteriormente regresan al país de origen para ser convertidos allí en producto final, así como el importe de los planes de pensiones y primas de seguros, y la inversión en armamento.
La revisión al alza del PIB conllevará, también, un alivio en el dato de déficit público, que se calcula respecto al conjunto de la economía. Pero es que además, en lo que se refiere a las finanzas públicas, los países de la UE acaban de aprobar un cambio en el método para calcular el déficit público estructural que también beneficiará a España.
El cambio, que ya entrará en vigor en las previsiones de primavera, afectará a la forma de calcular lo que se denomina déficit estructural, o el desfase presupuestario de un país en condiciones neutras, sin tener en cuenta el impacto de la crisis económica. Los expertos esperan que se traduzca en unas menores exigencias de ajustes para España.
Los cambios metodológicos no sólo afectan a la macroeconomía. Esta misma semana se conocía que la morosidad de la banca bajó en enero hasta el 13,53%, debido a que desde principios de año las entidades financieras de crédito (EFC) han dejado de ser consideradas entidades de crédito. Sin esta modificación, la ratio habría aumentado al 13,78%.
