Los accionistas minoritarios acusan al ministro Soria de haber atacado directamente sus intereses con la reforma energética. Sin capacidad de interlocución, ven mermar el beneficio por acción de sus carteras. La reforma energética del ministro José Manuel Soria sigue levantando ampollas. Este jueves, Javier Cremades, secretario general de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), ha acusado al Gobierno de perjudicar directamente a los pequeños inversores con los recortes impuestos en la nueva norma.
El abanderado de los accionistas minoritarios españoles ha recordado que la retirada de subvenciones a algunas actividades de generación eléctrica, especialmente a las renovables, no es algo que afecte a los directivos de la compañía. “En verdad va contra los intereses de los propios accionistas”, ha criticado en el marco del V Congreso de la Asociación, que se celebra este viernes en el Palacio de la Bolsa de Madrid, ante algunos de sus homólogos europeos y supervisores del mercado español.
Con este cambio de norma, ha explicado el abogado de Cremades & Calvo Sotelo, se retiran algunas partidas con las que los inversores contaban a la hora de haber apostado por el negocio de una empresa concreta y, por tanto, haber comprado sus acciones en el mercado. Además, “se pone en peligro la seguridad de la inversión” y se genera un clima de incertidumbre y desconfianza que perjudica al conjunto de la comunidad inversora y empresarial, ha afirmado. Así mismo, ha explicado que las cifras de impacto de las que se habla en los últimos días suponen una merma en el beneficio por acción de las compañías y, por tanto, también del valor de la inversión de estos minoritarios.
En este mismo discurso, Cremades ha apuntado hacia la posibilidad de llegar a través de asociaciones de minoritarios a colocarse como interlocutores con el Gobierno y el Parlamento, e incluso recurrir a altos tribunales españoles o cortes de arbitraje internacional. No obstante, ha reconocido que es difícil convocar foros para que todos los accionistas de compañías tan grandes como muchas de las eléctricas perjudicadas por el cambio de norma puedan llegar a conocerse y fijar una línea de actuación común.
